La Víctima en México.

Hablar de una ley que resguarda la integridad de las víctimas, ya fragmentada por la intervención del delito, significa hablar de una ley que surge a punta de golpes, que tiene que surgir por el incumplimiento o la violación de otras leyes, a la fuerza. El acceso a la justicia se cierra ante autoridades que, en algunos casos, hasta son cómplices de los victimarios, que no parecen responsabilizarse de los mecanismos disponibles y que están lejos de velar por la reparación integral de los daños que ha sufrido el que a ellos acude.

Las leyes muestran una preocupación por los derechos de la víctima y del imputado, pero en la aplicación los intereses van más allá de saber quién hizo qué a quién. Lo que resulta más conveniente ante los ojos del juez o de la autoridad involucrada determina qué parte será tomada en cuenta y cuál no, porque hay diferencias entre lo que dan la una y la otra.

Por otro lado, no hay realmente una relación entre los legisladores y el pueblo porque las condiciones de vida en cada caso distan mucho de ser las mismas, no hay conexión alguna entre las situaciones de las partes, lo que claramente corresponde en los hechos a un juicio penal fundado ya desde sus bases en la desigualdad total.

Esto radica en un desinterés real hacia el sufrimiento de la víctima, pues no se genera realmente un entendimiento de sus circunstancias. Habiendo empezado el juicio, no hay garantía de que acabe o tenga un seguimiento adecuado que evite que el caso caiga en el abandono. Es así que, en la práctica, no todas las víctimas son respetadas, no todas las veces la justicia es accesible y la reparación de los daños no siempre es satisfactoria; todo se acomoda como mejor conviene a los que llevan la ventaja y no como lo exige el problema.

Entre las medidas tomadas para intentar resolver el asunto, al menos en teoría, podemos encontrar la reforma hecha a la Constitución Política en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2011, con el cambio en la denominación de su capítulo primero y otros cambios terminológicos como el de “individuo” u “hombre” al de “persona” (la moda de la inclusión invadiendo el ámbito legal):

  • Reforma del artículo primero.

Incorpora el reconocimiento de los tratados internacionales, en cuanto al goce de los derechos humanos, de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Además, especifica la no discriminación por concepto de preferencia sexual, y adiciona dos párrafos.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

[Este segundo párrafo, en el artículo, introduce el principio pro personae en la interpretación de las normas sobre derechos humanos, lo que obliga, en las ocasiones donde haya varias interpretaciones posibles, a elegir la que más proteja al titular del derecho, y de la misma forma cuando puedan aplicarse dos o más normas jurídicas.]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

  • Reforma del artículo tercero.

Con la modificación de su segundo párrafo contempla el fomento al respeto de los derechos humanos en la educación impartida por el Estado.

  • Reforma del artículo décimo primero.

Con la adición de un segundo párrafo constitucionaliza el derecho a solicitar asilo por persecución y el de refugio por causas humanitarias, reforzando con ello la solidaridad internacional, que también se mencionaba desde antes en el artículo tercero en cuanto a la educación impartida por el Estado. (Después, en el 2016, se volvería a modificar para incorporar conformidad con tratados internacionales y mencionar la regulación de procedencias y excepciones que la ley establecerá para ello).

  • Reforma del artículo décimo quinto.

Incorpora también a tratados internacionales, de los que México participe, en el reconocimiento de derechos humanos, en cuanto a la celebración de convenios o tratados.

  • Reforma del artículo décimo octavo.

Adiciona, en su segundo párrafo, el respeto a los derechos humanos, aquí en lo referente a las bases de organización del sistema penitenciario.

  • Reforma del artículo vigésimo noveno.

Al supuesto de suspensión se adiciona el de restricción de los derechos, con un segundo párrafo añadido donde se establece una declaratoria de excepción en la que se plasman derechos que no podrán ser objeto de tales supuestos, además de un párrafo tercero, cuarto y quinto también adicionados.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

  • Reforma del artículo trigésimo tercero.

Adiciona un segundo párrafo para conceder el derecho de previa audiencia en caso de expulsión con un proceso administrativo regulado por ley, fundamentado esto en la Convención Americana de Derechos Humanos. Antes de ello, tal facultad se ejercía arbitrariamente, sin que la persona extranjera tuviera siquiera el derecho a ser escuchada.

  • Reforma del artículo octogésimo noveno.

Se agrega a la fracción X de este artículo, sobre los principios a observar para la conducción de la política exterior, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. De esa forma, éstos se incluyen en el ejercicio de la diplomacia mexicana.

  • Reforma del artículo nonagésimo séptimo.

El párrafo segundo de este artículo fue recortado para quitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigación sobre violaciones de derechos humanos, la cual se transfiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el artículo 102 constitucional en su apartado B.

  • Reforma del artículo centésimo segundo.

Con la adición de varios párrafos, obliga a los servidores públicos a responder ante las recomendaciones de la CNDH y a brindar fundamento o motivos en caso de negativa, la cual deberá hacerse pública, pudiendo ser llamados por el Senado o la Comisión Permanente (si la recomendación es de la CNDH) o por la autoridad legislativa local (si la recomendación proviene de comisión estatal); toda recomendación, aceptada o rechazada, debe contestarse.

Además, otorga a las comisiones de derechos humanos la competencia para conocer sobre violaciones de derechos humanos en el ámbito laboral; así, estas comisiones sólo quedan incompetentes para asuntos electorales y jurisdiccionales. Reconoce también autonomía de los organismos públicos locales de derechos humanos y establece obligatoria consulta pública transparente para elegir al titular de la CNDH y a los miembros de su consejo consultivo.

  • Reforma del artículo centésimo quinto.

Agrega, en su inciso g) de la fracción II, el reconocimiento de los tratados internacionales, de los que México sea parte, en cuanto a legitimación activa de la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes nacionales que vulneren los derechos humanos, reconocidos por tales tratados y la Constitución.

  • Artículos transitorios de la reforma.

Se prevé la creación de leyes o reglamentos complementarios que permitan una legislatura mucho más completa para la protección de los derechos humanos, entre las que surge la Ley General de Víctimas, como reglamentaria del artículo primero constitucional, sobre la reparación a la violación de los derechos humanos. Esta ley fue finalmente publicada en enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

En los años posteriores se siguieron modificando algunas cosas, pero todas relacionadas con el tema y sin afectar los avances de esta reforma. El artículo vigésimo de la misma normativa constitucional, también es reglamentado por la Ley General de Víctimas que se creó a partir de la reforma; en este artículo se previene el trato desigual entre víctimas e imputados.

Ley General de Víctimas.

La gran colectividad de delincuentes y el vasto conjunto de delitos que cometen día con día, desde las formas más impulsivas hasta las más organizadas, frente a un constante intento de combate, lleno de desorganización y fallas, por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno, dibuja en el país un número creciente de personas que han padecido las consecuencias dañosas de tales hechos.

Parece ser que, en esta época de supuesto progresismo que a veces lleva demasiado lejos su carácter relativista, lo único realmente incluyente es la muerte. Las decenas de miles de muertes, que se van acumulando durante todo el año, incluyen a todo mundo: civiles de todas las edades, de ambos sexos, de cualquier ocupación, de diversas preferencias sexuales, con el horario que sea, en cada rincón del territorio mexicano. El crimen es tal vez el ejemplo más grande de no discriminación en México.

Entre tantos gritos desesperados, la gran mayoría de las víctimas no tienen nombre ni un espacio en las noticias, todas terminan por reducirse a un dato más para la estadística, en la fuente material de creación de leyes que se mueren en el papel donde se escriben, como la Ley General de Víctimas, que se proponía en un principio como Ley Integral para las Víctimas y que como se verá ahora, ha pasado casi totalmente desapercibida y condenada a la inaplicación, como sucede mucho con las leyes mexicanas.

Sumado a esto, no es un secreto para nadie que existe una infiltración entre el gobierno y grupos delictivos en el país, en todos los niveles y en todas las jerarquías, que puede sospecharse claramente en cada uno de los escándalos que van y vienen de una noticia a otra, y que entran y salen de la mala memoria del mexicano.

Esta realidad se pasa por alto en todas partes y, después de un tiempo, por todos. La población, en medio de la desprotección y la inseguridad, rehuye a la problemática con la inercia de la rutina y la normalización del miedo, volviéndose la resignación casi la única herramienta eficaz para la resolución de los daños, a falta de respuesta por parte de un gobierno con constantes muestras de preocupación bastante hipócritas o, si no hipócritas, que se quedan en palabras, que jamás se materializan en los hechos, en la realidad tan injusta e inicua de México.

A finales del 2011, se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, que a principios del 2014 se transformó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la finalidad de garantizar una adecuada atención ante las personas así identificadas, que en muchos casos son observadas como sujetos pasivos, pues parecen ser sólo consideradas como expectadores del proceso correspondiente.

Partiendo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de una necesaria perspectiva sobre la víctima como titular de tales derechos, se creó la Ley General de Víctimas. Sin embargo, no se puede negar que, a pesar de los avances legislativos en la materia, las palabras que se escriban no se traducen precisamente en su cumplimiento y respeto, en muchos casos los instrumentos se utilizan mal o de plano no se utilizan.

El acceso a los distintos sistemas dispuestos en tal ley es proporcional a la calidad de la vícima y la gravedad de los hechos, vinculando para ello a las autoridades en sus distintas competencias. Es importante observar su contenido también dentro del contexto que marca la Constitución en el artículo décimo séptimo y el vigésimo en su apartado C (que no fueron parte de la reforma del 2011 en derechos humanos), pues esta ley de reciente creación que aquí interesa pretende garantizar el respeto a los derechos de la víctima, reconocidos ya en leyes nacionales e internacionales, abarcando los ámbitos de la salud, el alojamiento, la alimentación, asuntos funerarios, de transporte, asesoría jurídica, entre otros.

Pretende el ejercicio pleno de los derechos de la víctima por parte del Estado y promueve la superación de tal condición, a través de salud, educación, economía y desarrollo, además de la procuración y la administración de la justicia. El término de reparación integral, a través de medidas individuales y colectivas, constituye la vía por la que la víctima puede encontrar satisfacción a sus requerimientos de justicia para alcanzar con ello una vida digna. Se procedió también a la creación de una serie de organismos complementarios que permitieran el cumplimiento de tales encomiendas, entre ellos:

  • Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como máxima institución en la materia. Establece, regula y supervisa directrices, planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas a implementar en la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral a víctimas, en los ámbitos federal, estatal y municipal. (Título sexto, capítulos I, II y III, Ley General de Víctimas vigente).
  • Registro Nacional de Víctimas. Procura que todas las víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, atención y reparación integral previstas en la ley. (Título sexto, capítulos IV y V, Ley General de Víctimas vigente).
  • Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Encargado de brindar los recursos necesarios para la solvencia de todas las operaciones de ayuda, atención y reparación integral, así como garantías de no repetición de los actos victimizantes, evitando la revictimización. (Título octavo, Ley General de Víctimas vigente).

Los derechos de las víctimas son reconocidos y garantizados explícitamente en esta ley, procurando un acceso mucho más seguro a la justicia que permita una reparación integral de sus daños, con la ayuda de una adecuada asistencia y todo ello de acuerdo con los preceptos constitucionales y los tratados internacionales en los que forme parte el Estado mexicano.

No obstante, los mecanismos y las medidas necesarios para el ejercicio efectivo de los articulos que en tal ley se han formulado, requieren también de la coordinación de las autoridades para el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de sus competencias. El respeto, la protección y la garantía de los derechos de la víctima recae entonces en las facultades de la autoridad en lo concerniente a investigación y sanción, lo cual es un asunto siempre preocupante, pues el ser humano es siempre la raíz de toda falla sistémica.

Además, esto también conlleva la necesidad presupuestal que supone su implementación, generando así un impacto económico, que debe coordinarse entre el sistema político y el sistema económico de la sociedad mexicana. Los recursos públicos son siempre un tema de discusión bastante difícil, considerando que han sido y siguen siendo muy manoseados por la esfera política; si los proyectos de ley que tanto le gusta escribir al gobierno mexicano han logrado muchos avances en cuanto a legislación se refiere, pero quedándose casi siempre en pura letra muerta, sin apoyo presupuestal no cabe entonces ninguna esperanza. Las disposiciones legales se multiplican excesivamente y las instituciones se reproducen eternamente, pero acaban por ser simples personajes circunstanciales en los cuentos políticos, trofeos presumidos en sus discursos que no le aportan nada a la realidad social en términos prácticos.

La figura de la víctima cobra mucha más importancia bajo la expedición de esta ley; esa figura, sin embargo, que sólo puede nacer por la existencia del delito en una sociedad, que demuestra la inaplicación o la mala aplicación de las leyes de un país, y que se hace necesario por el creciente número de víctimas con tales alcances que se hace imposible de ignorar. Esta ley justifica en ello su necesaria existencia, desprendiéndose así mismo de su propio articulado.

Evolución legislativa.

No obstante, los antecedentes de este proyecto vienen desde el año 2011, en el entonces sexenio de Felipe Calderón, desarrollándose de una forma bastante accidentada, siendo en sí mismo víctima de la inconstitucionalidad. Su origen se remonta al mes de julio de se año, cuando fue llevado a cabo el Diálogo del Castillo de Chapultepec, donde los representantes de los partidos políticos acordaron con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier Sicilia, el impulso de un proyecto de ley que considerara a las víctimas de violaciones de derechos humanos para su debido resguardo y apoyo. De acuerdo con esto, se diseñó un proyecto con ayuda de propuestas por parte de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de organizaciones de la sociedad civil.

El día 30 de abril de 2012 se aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados una ley de víctimas enviada por el Senado de la República, que la aprobó el 26 de abril del mismo año. El decreto de dicha ley fue enviado a su vez al secretario de gobernación, Alejandro Poiré (21 de noviembre de 2011 – 30 de noviembre de 2012), el día 10 de mayo del 2012 en un oficio firmado por los secretarios de las mesas directivas de ambas cámaras, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y la diputada Guadalupe Pérez Domínguez.

Los plazos de observación por parte del ejecutivo federal se sujetaban entonces a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Federal en su sección B, habiéndose reformado apenas en el mes de agosto del 2011, que dicta:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.
Ninguno de los plazos observados en tal artículo fue cumpido por el presidente Calderón, el primero de ellos finalizando el día 9 de junio de 2012 (treinta días naturales para su observación), el segundo de ellos finalizando el día 19 de junio de 2012 (diez días naturales para promulgación), y el tercero de ellos finalizando el día 29 de junio de 2012 (diez días naturales para su publicación). Esto quiere decir que el proyecto de ley no se observó en los plazos fijados para su observación, pero tampoco fue promulgado ni publicado, aun cuando el senador José González Morfín solicitara ese último día, el 29 de junio, al secretario Poiré, que se girarán las instrucciones para la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, cosa que tampoco se hizo.
Las observaciones realizadas después por el presidente Calderón, al ser evidentemente extemporáneas, le fueron regresadas a éste por parte de la Comisión Permanente, lo cual constituyó el primer ejercicio del artículo 72 a través del Congreso de la Unión en detrimento de un veto presidencial, ordenando entonces la publicación de la ley en cuestión; Calderón promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentando así su propia versión de la ley de víctimas, que a final de cuentas no prosperó. Estos hechos ocasionaron incluso un debate interno en el Partido Acción Nacional, que viene desmoronándose ya desde hace tiempo.
El decreto fue promulgado al fin por el presidente posterior a Calderón, Enrique Peña Nieto, a inicios de su sexenio, publicándose en enero del 2013, como se había mencionado más arriba. Tres años después, en el 2016, comenzarían a surgir nuevas inquietudes que llevarían a considerar una reforma sobre la Ley General de Víctimas, sobre todo en contra de la burocratización de los procesos de acceso a la justicia para las víctimas.
El nuevo enfoque reformista con respecto de dicha ley tomó fuerza bajo la voz de Isabel Miranda de Wallace, como presidenta de la asociación Alto al Secuestro, que criticaba precisamente las condiciones burocráticas de los procesos, la inequidad entre las víctimas, la lentitud de los avances de la ley, los cortos alcances del fondo y la baja cantidad de abogados victimales. Esto basado en que no todos los Estados contaban con una Comisión Ejecutiva Estatal en la materia, que no todos los Estados contaban con el fondo para su implementación y que no había profesionistas especializados o capacitados para la atención de víctimas.
A propósito de lo último, la ley vigente en cuestión crea, en su artículo 169, la figura del asesor jurídico de atención a víctimas, o abogado victimal, fue creada a partir de este proyecto, refiriéndose con ella al abogado que asistiría a la víctima de forma gratuita asesorándola a través de todos los procesos para la defensa de sus derechos.
Finalmente el día 3 de enero del 2017 se publicaron una serie de reformas a la Ley General de Víctimas, además de las ya realizadas en el propio año de su publicación, el mes de mayo de 2013. De su articulado vigente puede resaltar lo siguiente:

Disposiciones generales.
Esta ley señala en su artículo primero que debe observarse en términos de lo dispuesto por los artículos constitucionales: primero, en su párrafo tercero, que señala la obligaciones generales de las autoridades del Estado con respecto de los derechos humanos y de su violación; el décimo séptimo, sobre el ejercicio y la administración de justicia. El artículo vigésimo constitucional es considerado en su totalidad (originalmente sólo en su apartado C), con lo que se incluyen también los derechos del imputado y no solamente los de la víctima o el ofendido. También, con la última reforma, se agrega a consideración el artículo septuagésimo tercero, sobre las facultades del Congreso.

Se definen conceptos importantes en su artículo sexto, entre otros: hecho victimizante, como “actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima“; víctima potencial, tomando en cuenta con esto a las personas que prestan asistencia a la víctima, cayendo con ello en vulnerabilidad con relación a su propia integridad. Es importante igualmente tener en cuenta la definición de violación de derechos humanos de acuerdo a esta ley, establecida en este mismo artículo.

Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

De los derechos de las víctimas.
La comparecencia ante cualquier autoridad que requiere la presencia de la víctima, de acuerdo con el artículo séptimo, justificará a ésta para efectos escolares y laborales, en el último caso con el gozo de los emolumentos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Además, se considera con la reforma también la protección de los familiares o personas cercanas de la víctima, y no sólo de la víctima.

El artículo vigésimo primero, por su parte, se enfoca en las víctimas de desaparición, estableciendo entre otras cosas la obligación de realizar exhumaciones en los sitios que se consideren necesarios y el derecho de los familiares de estar presentes en las mismas o designar para ello a su asesor jurídico o algun perito independiente acreditado en la protección de derechos humanos. Todas las pruebas realizadas por el Estado deben obedecer a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros lineamientos relacionados.

La reparación integral comprende la devolución de la víctima a su situación anterior a la violación de sus derechos, la rehabilitación para facilitarle el enfrentamiento a los efectos sufridos, la compensación económica de acuerdo a la gravedad del delito y a sus circunstancias, el reconocimiento y la recuperación de su dignidad, y la implementación de medidas de no repetición. Ello marcado por el artículo vigésimo séptimo, contemplando adicionalmente la reparación colectiva, cuando se violen los derechos individuales de los miembros de un colectivo o cuando el daño conlleve un impacto colectivo, en cuyo caso la reparación se orientará a la reconstrucción del tejido social. Para mayor especificidad con respecto del tema el título quinto de esta Ley General de Víctimas (artículos 61 al 78).

Sobre las medidas a considerar (Título Tercero).
Se fijan las medidas de ayuda inmediata, que deberán realizarse con cargo a los Recursos de Ayuda y de acuerdo a la gravedad del daño sufrido, siendo las instituciones médicas obligadas a la atención de la víctima cuando así se requiera, contemplando además la absorción de gastos funerarios con cargo también a los Recursos de Ayuda, siendo todos estos gastos reembolsados en caso de que la víctima los cubra. Esto respetando los lineamientos y derechos de la Ley General de Salud y ordenamientos relacionados.

Son previstas también medidas en materia de alojamiento, alimentación, traslado, protección y asesoría jurídica. El artículo cuadragésimo establece la debida sanción al servidor público federal que llegue a poner en riesgo la seguridad de la víctima, dañando su integridad física o moral. Mientras tanto, el artículo cuadragésimo segundo dicta como obligación de las autoridades el otorgar información y asesoría a la víctima sobre todos sus derechos, que deberá brindarse de forma gratuita y por parte de profesionales capacitados en la materia, según lo exige el artículo cuadragésimo tercero.

De asistencia y atención.
Las medidas referentes a este tema serán también gratuitas. En el artículo cuadragésimo séptimo se busca asegurar el acceso de la víctima a la educación si como consecuencia de la violación de derechos se ven interrumpidos los estudios, garantizando en suma la exención de costos académicos. En este sentido, todos los organismos del Estado y particulares están obligados a prestar servicios educativos gratuitos a víctimas o hijos de la víctima, de acuerdo a la legislación constitucional y en materia educativa, disponiéndose esto en el artículo quincuagésimo de esta ley de víctimas.

Esto en niveles preescolar, primaria y secundaria, pero con el derecho a recibir becas totales de estudio hasta el nivel medio superior, debiendo entregar las entidades gubernamentales correspondientes incluso los uniformes y paquetes de útiles escolares. Deberán incluirse, de igual forma, medidas de exención de pago de inscripción y derechos de grado.

Las últimas reformas también fueron de peso sobre las cuestiones administrativas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la institución primordial emanada de esta nueva legislación. Entre los cambios más importantes se puede mencionar el artículo 85, disponiendo éste la elección del comisionado ejecutivo por el voto de dos terceras partes de la Cámara de Senadores, y con previa consulta pública con colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia. Antes de esto la Comisión se constituía como un órgano colegiado.

A ello debe agregarse el establecimiento de una Asamblea Consultiva como parte de la Comisión Ejecutiva, que en el artículo 84 octies, adicionado con las reformas del 2017, se obliga a estar integrada por “nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos“, para lo cual deberá emitirse una convocatoria pública en el Diario Oficial de la Federación. Cuatro de estos representantes, además, formarán parte también de la Junta de Gobierno de la Comisión, de acuerdo al artículo 84 quáter.

Esta nueva estructura orgánica diseñada idealmente para el mejoramiento de la coordinación institucional, en vías de la agilización del trato con la víctima. Si bien siempre harán falta nuevas modificaciones por llegar, el avance legislativo es innegable, aunque como se sabe, las leyes se convierten generalmente en letra muerta, por la deficiente implementación de sus preceptos en la lamentable realidad política mexicana.

Por otra parte, las modificaciones del 2017 también instauraron la obligación de las entidades federativas para la creación de sus propios fondos de ayuda estatales, creando con ello también los Recursos de Ayuda, que se refieren a “gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda“, de acuerdo a las definiciones del artículo sexto.

Hay que enfatizar, empero, la continua multiplicación de víctimas en el país aun sin remedio en el horizonte en muchos casos, pues la protección por parte de las autoridades no se lleva de la mejor manera, como es de esperarse casi siempre y en muchos ámbitos. Esta terrible indefensión, aunada también a la falta de denuncia por parte de muchos ciudadanos, conforma un nutritivo alimento para la impunidad en México. Los derechos humanos parecen estar abandonados ante la exposición de las víctimas a procesos lentos y desagradables que no respetan del todo su integridad; se sabe a vivas voces que las instituciones judiciales están sumidas en la desconfianza de la población, que la infiltración de la delincuencia en sus estructuras es un hecho, y uno muy difícil de solucionar.

Reformas en materia penal.

Sumado al análisis sobre la legislación en materia de derechos humanos con relación a las víctimas, es también necesario adentrarse en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que ha sido muy mencionado en los medios en los meses recientes. Este nuevo sistema encuentra su origen, en cierta manera, también en la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se comentó en los inicios de este escrito, y nace directamente de la reforma constitucional en materia penal del mes de junio del 2008, emparentándose también con la reforma constitucional en materia de amparo del mes de junio del 2011.

No tomó popularidad, sin embargo, hasta apenas a partir del año 2016, debido a que en los propios artículos transitorios de la reforma penal del año 2008 se establecía que entraría en vigor cuando se estableciera la legislación secundaria necesaria en todas las entidades federativas para incorporar el nuevo sistema, no pudiendo exceder el plazo de ocho años a partir de su publicación, plazo que se cumplía el año 2016, cuando al fin se logró contar con todos los recursos necesarios que hicieran posible su ejercicio, al menos en lo supuesto.

El nuevo sistema de justicia penal se constituye con un carácter acusatorio y oral, cambiando radicalmente la forma de aplicación de justicia en México que ha permanecido ya por décadas, requiriendo para ello enormes esfuerzos de capacitación, sobre todo para el debido tratamiento de la información.

Esta reforma en materia penal se conecta directamente con la Ley General de Víctimas en dos artículos constitucionales primordiales, el artículo 20 y el artículo 73, que además son dotados de especial observancia por el primer artículo de dicha ley sobre las víctimas, lo cual se menciona ya en el presente escrito, en los comentarios sobre las disposiciones generales de la misma. El vigésimo estableciendo el carácter acusatorio y oral del proceso penal, así como los principios por los que habrá de regirse, y detallando los derechos de los participantes, tando tel imputado como de la víctima. El septuagésimo tercero tratando sobre las facultades del Congreso de la Unión, habiendo sido reformado, para efectos del nuevo sistema penal, en sus fracciones XXI y XXIII, y que se volvieron a modificar en años posteriores para su perfeccionamiento, destacando lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
La reforma penal abarca también puntos de importancia en los artículos 16 (establece restricciones para la detención en flagrancia, el arraigo y las órdenes de cateo), 17, 18, 19, 21 y 22, que de igual forma conviene revisar para un mayor entendimiento. En el artículo 115, en su fracción VII, se deja a la policía municipal bajo el mando del presidente municipal, salvo en los casos en que la gravedad de los hechos los obligue a estar bajo el mando del gobernador de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del Estado. La fracción XIII del apartado B del artículo 123 se modifica también.
Esto puede relacionarse adicionalmente con la reforma en materia de amparo que se publicó en junio del 2011, pocos días antes de la publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se ha venido mencionando. La reforma en materia de amparo contempló sólo cuatro artículos constitucionales:

Artículo 94, del que resalta que los juicios de amparo se resolverán de forma prioritaria cuando se justifique tal urgencia por parte de alguna de las cámaras del Congreso o el ejecutivo federal, en el primer caso por medio de su presidente y en el segundo por medio del consejero jurídico de gobierno, cosa que también se aplica a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Artículo 103, que designa a los tribunales de la federación para la resolución de controversias por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, así como por aquellas normas o actos de la autoridad federal que vulneren la soberanía de las entidades federativas, o de las autoridades estatales que intervengan en la competencia de la autoridad federal.

Artículo 104, disponiendo todos los asuntos sobre los que deberán conocer los tribunales de la federación.

Artículo 107, estableciendo las bases que deberán atender los procedimientos a que se sujetarán las controversias expuestas en el 103, reformándose en el 107: su párrafo inicial; sus fracciones I y II; el inciso a) de su fracción III; sus fracciones IV, V, VI y VII; el inciso a) de su fracción VIII; sus fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII.

Con esta reforma el juicio de amparo logra ampliar la protección de los derechos más allá de los preceptos constitucionales, considerando también lo estipulado en tratados internacionales en los que México participe. Además, también se amplían las funciones del amparo, de forma tal que no sólo figure en contra de actos y normas legales, sino también en contra de omisiones de la autoridad que incurran en una violación de derechos humanos. De las reformas mencionadas con anterioridad se desprende un nuevo procedimiento penal que se desarrolla a través de ciertas etapas importantes, siendo éstas

1. Investigación.
Dividida a su vez en una fase inicial (desde la denuncia hasta la puesta a disposición del juez, por la policía y el Ministerio Público) y en una fase complementaria (ante el juez de control, desde la audiencia inicial hasta el auto de vinculación a proceso); véase aquí artículo décimo noveno constitucional, incluido en la reforma penal. El juez podrá imponer medidas cautelares al imputado para evitar su fuga, la posible obstaculización de la investigación o mayores daños a la víctima.

2. Intermedio.
En esta etapa se formula la acusación ante el juez de control que, en vigilancia del órgano investigador, determinará las pruebas a ser utilizadas en el juicio, presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa del imputado, para decidir posteriormente si se procede o no a la realización del juicio oral, pudiendo también derivar en un método alternativo de solución de conflictos. Se presenta también una lista de testigos y expertos que puedan declarar en el juicio para aportar a la resolución del mismo.

3. Juicio.
Consistente en una audiencia en la que se presentan las pruebas provenientes de ambas partes en igualdad de circunstancias, con un previo alegato de apertura y un posterior alegato de clausura. Después se procede con la valoración de las pruebas y la emisión de la sentencia, que debe ser leída claramente y explicada con precisión.

La implementación de estos nuevos procedimientos traen a los cargos policiales y del Ministerio Público nuevas obligaciones que conllevan una profesionalización más profunda de sus funciones y con un apego a derecho mucho más estricto. Un ejemplo de ello es la división de trabajo entre los jueces que como puede observarse son distintos en cada etapa del proceso.

La propia reforma penal que da pie para la implementación de estos nuevos procedimientos marca lineamientos específicos con respecto de estas nuevas formas de actuación por parte de las autoridades. Deben tomarse en consideración de igual forma los mecanismos alternativos de solución, que permiten la negociación entre las partes sin la necesidad de llegar hasta el juicio oral, permitiendo también la debida reparación de los daños, siempre bajo los objetivos plasmados en el artículo vigésimo constitucional, en la fracción I de su apartado A: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen“.

Es el artículo décimo sexto constitucional, incluido también en la reforma penal, el que establece la existencia de estos mecanismos alternativos al decir que: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial“. Bajo estos preceptos constitucionales se emite, el 29 de diciembre del 2014, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Sin embargo, a pesar de todas estas modificaciones legislativas para la implementación de un proceso penal mucho más avanzado que el anterior, es claro que falta mucho tiempo para que se lleve a cabo de forma ideal. No hay todavía un seguimiento adecuado de las medidas cautelares y no hay una verdadera agilización de los trámites para la solución alterna de los conflictos de manera rápida y eficaz. Además, no existen todavía suficientes profesionistas especializados o capacitados en la materia que cubran adecuadamente las nuevas áreas o figuras jurídicas de nueva creación, esto aunado a una falta grave de capacitación a policías para el debido fortalecimiento de las investigaciones.

Esta falta de capacitación del cuerpo policiaco mexicano arroja malos augurios con respecto de la calidad de las investigaciones realizadas dentro del procedimiento penal, y  partiendo desde ahí ya no se puede esperar demasiado. Las remuneraciones pobres de los polícias y la infiltración de la delincuencia entre los mismos, sumadas a tal falta de preparación, terminarán por corromper los procedimientos, sin lugar a dudas.

Todavía más lamentable resulta el hecho de que los propios fiscales llegan a carecer del conocimiento necesario sobre el sistema, desembocando en procesos poco exitosos. La acumulación de estos problemas, en especial, es lo que ha generado una enorme desconfianza por parte de la población mexicana ante la denuncia del delito, pues se hace evidente la permanencia de la impunidad que parece ser una característica esencial del sistema político mexicano, reduciéndose así la credibilidad en el mismo.

Más grave es todo esto, si además se habla de los institutos penitenciarios que poco han avanzado ya desde hace mucho para la rehabilitación de los sentenciados a favor de su reinserción social. Incluso parece que la corrupción y la delincuencia aumentan dentro de estas instalaciones, entre los reos y hasta entre los propios custodios. 

Por otra parte, es importante la consideración del hecho de que la población mexicana es, en buena parte, ignorante ante los nuevos procedimientos, hay todavía mucho desconocimiento sobre el sistema penal nacional y mucho más ahora con los cambios drásticos que ha sufrido. Así mismo, habrá de tenerse presente que existe un problema serio de comunicación entre las instituciones, que resulta en una mala coordinación de sus actividades. Todo esto ocasionando un lento avance en cuanto a la práctica del nuevo sistema, que arrastra las secuelas de los problemas ya mencionados.

Allende todos los obstáculos que impidan una mayor rapidez de la implementación de estos nuevos lineamientos, y los puntos susceptibles de mejora dentro de los mismos, este reformismo no debe detenerse ni echarse para atrás bajo ningún motivo, pues representa avances legislativos que han tardado ya bastante para un mejor funcionamiento del sistema político mexicano en general. No obstante, está muy claro que hace falta mucho por caminar.

Dicho con otras palabras, el reformismo legal que se ha vivido en la última década en el país es un gran avance en materia legislativa, si se analiza a detalle y con objetividad, pero representa aún muchos retos por superarse. El ser humano, en una sociedad ya tan contaminada como es la mexicana, es un problema importante y difícil de arreglar para los sistemas que permiten el funcionamiento adecuado de tal sociedad.

Los derechos humanos han tomado un protagonismo sin precedentes en los últimos años dentro de la legislación de gran parte de los países alrededor del mundo, incluyéndose de forma peculiar la República Mexicana como fiel seguidor de esta tendencia. La garantía y el resguardo de estos derechos son apenas los niveles mínimos de protección que cualquier Estado debe brindarle a su población.

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