En materia educativa.

La comunicación entre alumno y profesor es un elemento básico para el funcionamiento del sistema educativo en su totalidad. La forma de la expresión puede alterar el contenido de la misma para bien o para mal, y la elección de la forma más correcta posible por parte del profesor influye en el proceso de entendimiento del alumno. Empero, si el fondo no está bien construido, la forma más correcta se convierte en el disfraz más falso.

Para generar un diagnóstico del estado en el que se encuentra el sistema educativo, al menos en el ámbito que nos atañe, el nacional, se tendría que hacer un recuento histórico del sistema, un reconocimiento de errores, su posterior aceptación y el derrumbe de ciertos pedestales. La mencionada comunicación es sólo uno de los signos más básicos de la precaria salud del sector, un proceso subestimado dentro de las relaciones sociales y reducido muchas veces al acto del habla.

La figura del maestro y del alumno evolucionan constantemente con el pasar de los años y los cambios que ello conlleva respecto de parámetros sociales. El maestro, por ejemplo, no es ahora la misma autoridad que antes representaba ante un puñado de alumnos que cada vez toman mayor protagonismo en el proceso de aprendizaje. En este sentido, el profesor ha pasado de ser una fuente de conocimientos a una guía para el aprendizaje, etiqueta que muchas veces pareciera tomarse como estandarte para cubrir la falta de iniciativa del cuerpo docente en la preparación adecuada de las clases.

Las esperanzas en la calidad educativa del país parecen disminuir en vista de un mayor enfoque en una educación invadida por la visión de una psicología humanista, que da más peso a la formación personal emocional del alumno que a su capacidad intelectual y su bagaje cultural, los hijos perdidos de la educación. El extremo progresista infectando uno de los cimientos principales del constructo social, el relativismo como líder de toda una horda de falsos ídolos que deconstruyen las bases fundamentales de la sociedad actual.

Bajo este contexto, las materias parecen no estar del todo definidas dentro de la mente de muchos profesores, que acaban tocando temas alejados del área que se pretende impartir. Así, entre otros casos, muchos estudiantes podrán constatar que muchos maestros de lengua extranjera parecen estar aprendiendo a la par de sus alumnos cuestiones que ya deberían dominar.

El desarrollo de proyectos integradores e interdisciplinarios que ayuden a complementar las habilidades del alumno es parte de un horizonte de cambios muy lejanos y complicados dentro del panorama actual del sistema. Lo único que se puede esperar, realmente, en este escenario, es que los jóvenes sean lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de todo ello y buscar fuentes de aprendizaje alternas, pues está claro que de muchos maestros (muchos y no todos), no se obtendrá demasiado y, aunque sí se obtuviera, la escuela nunca lo será todo.

El gran problema del deficiente sistema educativo es que muchos maestros no llenan su escritorio y muchos alumnos no salen de las cuatro paredes del salón. La errónea equivalencia entre memorización y aprendizaje es un cuadro sencillo y concreto para observar el mal estado del binomio pupilo-profesor que degenera, con mayor intensidad cada generación, en un discurso rígido bajo planes de estudio utópicamente estandarizados, que nada pueden aportar ante las considerables diferencias contextuales entre los individuos involucrados.

La obsesiva estandarización del conocimiento, atada a procesos administrativos que contaminan de burocracia excesiva los objetivos de la escuela, obligan al cumplimiento de programas que intentan hacer encajar a cada miembro de la comunidad estudiantil en los mismos moldes establecidos hace mucho tiempo, cuando es evidente que los ritmos y formas de aprendizaje son distintos.

Reforma estructural.

La reforma educativa, propuesta por el régimen peñista y avalada por el Poder Legislativo (aprobada a finales del 2012 y publicada a inicios del 2013), sembraba entonces la expectativa de un posible cambio positivo en un sector que parecía doblar las rodillas ante las necesidades de una población inmensa e inmensamente estancada en tal terreno.

Esto, aunado al arresto de Elba Esther Gordillo (también a principios del 2013), que por mucho tiempo manipuló al sistema a favor de sus propios intereses, parecía legitimar al nuevo régimen priísta (en sus brillantes momentos iniciales que tan pronto se consumieron), como un gobierno de acciones contundentes y decididas para realizar cambios que desde hace mucho se creían necesarios.

Sin embargo, después de un tiempo, la reforma educativa se tradujo en manifestaciones laborales de maestros que no estaban de acuerdo con los lineamientos de la reforma, acciones de vandalismo por parte de grupos de dudoso origen que protestaban contra el cambio en la materia y un debate bajo un concepto de debate bastante mal entendido entre el pesado parásito de antaño, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y un gobierno que aflojaba las manos ante lo políticamente correcto y una imagen pública en preocupante decadencia.

Los objetivos reales de la educación pasaron así a segundo término, dejándole el protagónico a un discurso político pobre y demacrado, nublado entre dimes y diretes, malas interpretaciones y un enfoque de tintes deterministas, que mucho se alejaba del carácter integral que se hubiera querido para el tema. La reforma amenazaba ya con formar parte de la enorme fosa común de letras muertas que constituye la ley mexicana en muchos de sus ámbitos.

En los años posteriores, además, los destinos dudosos del presupuesto para el sector se mezclaban con un gran gasto en comunicación para anunciar a la población logros de la reforma que a muchos parecen ajenos, ante un panorama casi puramente demagógico que no promete avances reales ni en un horizonte lejano.

Esta reforma se dio bajo el argumento de que la educación en México mejorara, logrando así una formación académica bien consolidada para la posterior mejora en la calidad de vida del ciudadano. En teoría y en lo general, es una reforma bien pensada, pero hace falta decir mucho más de la forma en que el Estado piensa lograrlo y en lo que se hará para sacar a todo un país del profundo bache en que se encuentra en tal materia.

Habrá que recordar que el país cuenta con uno de los peores niveles de calidad educativa y no parece haber planes, estrategias o sistemas bien definidos para el deseado progreso. Aun con las cambios estructurales, a casi cinco años de la publicación de la reforma, el sector parece no haber cambiado e incluso parece haber cavado más su propia tumba y con las mismas palas de siempre, probablemente debido a las personas involucradas en el sector y una incorrecta o inadecuada aplicación de la ley (o inaplicación). Algunos de los puntos ahí considerados se enlistan ahora (explicación ampliada):

1. Sobre la escuela.

Implementación de Consejos Técnicos Escolares, conformados por los maestros de las escuelas y liderados por sus respectivos directores, sesionando al menos ocho veces por año, con el fin de trazar rutas de mejora para el buen funcionamiento de la institución y dirigidas a una disminución de la carga administrativa de los procesos académicos, que siempre ha ocupado mucho tiempo.

Creación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) para guiar en la adopción de métodos y estrategias de enseñanza por medio de la reflexión con los maestros, asegurar tiempos para el trabajo colaborativo del cuerpo docente (planeación de clases, conversaciones sobre alumnos, análisis de resultados y seguimiento de avances) y vincular apoyos a la enseñanza (centros de investigación, instancias de difusión científica o cultural, etcétera).

Fomento a la participación de los padres de familia con el derecho a organizarse en cada escuela de diversas maneras como la observación del proceso de evaluación del docente o a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Se le otorgan además algunos derechos: a conocer criterios y resultados de evaluaciones de la escuela de los hijos; a opinar por medio de consejos de participación sobre actualizaciones o revisiones de planes y programas de estudio; a conocer el presupuesto asignado a la escuela, su aplicación y sus resultados; a presentar quejas sobre desempeño del personal de la escuela o sobre las condiciones de la misma; a cursos y programas en la misma escuela para mejorar atención a hijos (en horarios y días en que no se presten servicios educativos ordinarios).

Creación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) para la reducción de cargas administrativas a maestros y directores, con una comunicación más fluida entre directores y autoridades del sector a través de las tecnologías, concentrando información de apoyo para el control operativo y la planeación educativa, y construyendo la memoria de los diferentes componentes del sistema.

2. Sobre la docencia.

Establecimiento del Servicio Profesional Docente con el fin alcanzar niveles de calidad más altos en la educación del Estado y asegurar que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio se regulen conforme a mecanismos que permitan a los maestros el acreditamiento de sus conocimientos, aptitudes y capacidades. Busca evaluación justa, formación continua y actualización profesional docente.

Ingreso a la docencia mediante concursos de oposición y demostración del mérito, en los que podrá participar cualquier persona que cumpla con el perfil y los requisitos establecidos en convocatoria (sin importar origen, residencia, lugar o formación profesional). Los nuevos instrumentos y etapas pretenden una valoración más completa de los candidatos; los seleccionados pasarán por un periodo de inducción de dos años para fortalecer capacidades, a lado de un tutor designado por la autoridad educativa. También por medio de concursos de oposición se otorgarán promociones a funciones de dirección y supervisión con convocatorias dirigidas a todos los maestros.

Evaluación integral y obligatoria del desempeño docente y de directores o supervisores para determinar los niveles de desempeño y el cumplimiento de requerimientos, con la posibilidad de apoyos para cursar programas remediales a los que resulten en insuficiencias y dos oportunidades de evaluación adicionales para conservar permanencia. Además, reconocimiento destacado a través de movimientos laterales (tutoría, coordinación de materias, asesoría en apoyo a actividades de dirección, asesoría técnica pedagógica, etcétera), los cuales serán temporales e implican la entrega de estímulos económicos temporales o por única vez.

Establecimiento de obligaciones precisas a la autoridad para asegurar apoyos permanentes para el avance profesional del magisterio, los cuales combinarán el servicio de asistencia técnica en la escuela con cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado. Los maestros podrán plantear y decidir el programa más adecuado a sus deseos de superación y las condiciones de su centro educativo, la autoridad estimulará los proyectos que lleven a cabo las organizaciones profesionales docentes.

3. Sobre la evaluación.

Fortalecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (ya en funcionamiento desde el 2002), dotándolo de autonomía constitucional para conocer mejor el funcionamiento de los sistemas de educación básica y de educación media superior, precisando que el instituto: diseñe y realice las mediciones correspondientes a componentes, procesos o resultados del sistema educativo; que expida los lineamientos para llevar a cabo las funciones de evaluación por parte de las autoridades en la materia; y que genere y difunda información que permita definir directrices para la calidad en el sector. Las evaluaciones deberán hacerse en función de los requerimientos del sistema y de las propuestas de sus actores, especialmente maestros.

Creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el INEE para garantizar la calidad de los servicios educativos, a través de: la efectiva coordinación de las autoridades educativas; la formulación de políticas, programas y estrategias en materia de evaluación educativa; la congruencia de los planes, programas y acciones con las directrices emitidas con base en los resultados de las evaluaciones; la contribución de información para la evaluación del Sistema Educativo Nacional con respecto de sus objetivos.

4. Sobre el financiamiento.

Creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que sustituye al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Esto implica un aumento significativo del gasto para la educación básica: las pérdidas de aportaciones federales para el sector, bajo el marco del FAEB, serán resarcidas para los Estados que las presenten, y los que hayan obtenido ganancias las conservarán.

Conciliación entre el Gobierno de la República y las autoridades estatales sobre plazas, montos y conceptos de las remuneraciones correspondientes, para así determinar el monto del FONE para cada entidad federativa. A partir de tal registro, se asegura el pago oportuno de incrementos salariales, prestaciones y otros conceptos en beneficio de los maestros. Los gobiernos estatales elaborarán cada nómina de acuerdo al registro de plazas conciliado con el Gobierno de la República, para que éste efectúe el pago al personal de acuerdo a esa nómina y con cargo a los recursos que asignados en el FONE.

De todo lo incluido (aquí resumido), la evaluación de los profesores representó lo más relevante, a los ojos de la sociedad en general, pues los que no lograran aprobar satisfactoriamente dichas evaluaciones no podrían seguir ocupando las plazas. De esta manera, la reforma educativa fue malinterpretada y juzgada como una reforma mucho más enfocada en la materia laboral, originando así suspensiones en algunas escuelas y las acostumbradas marchas que tan poco aportan a situación alguna.

Lo que poco se decía era que los maestros tendrían en realidad tres oportunidades para aprobar la evaluación y conservar así su permanencia, tres oportunidades para que demuestren que saben lo que desde la primera vez deberían plasmar en su prueba, y por si fuera poco, la oportunidad de cursar programas remediales para corregir sus carencias.

Observemos, además, que el organismo encargado de realizar las evaluaciones, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), autónomo de la Secretaría de Educación Pública, se conforma por una Junta de Gobierno de cinco personas, propuestas por el Presidente de la República y aprobadas por el Senado. Todo esto lleva el riesgo de que la mencionada Junta de Gobierno esté conformada por personas que no sean realmente especialistas en el tema de educación y que reciban el encargo por tener buenas relaciones políticas, lo que derivaría en un mal funcionamiento del INEE.

Es cierto que los problemas de educación en México están lejos de resolverse y el rezago parece superar sus propias fronteras, pero, aunque la reforma parezca haberse reducido a la evaluación de los maestros, no sólo contempla ese aspecto del sistema educativo, y si bien todavía no se cubren con ello todas las carencias, sí es un paso necesario para la posterior evolución del nivel de calidad en la materia. Podría decirse que el magisterio no está preparado debido a que se formó en el mismo ineficiente sistema educativo nacional, pero la preparación fuera del aula nunca ha estado prohibida y si un maestro no es capaz de aprobar un examen básico para sus funciones, denota una gran falta de responsabilidad de su parte y un compromiso muy bajo con los objetivos reales de la educación.

Tenemos así los obstáculos de la implementación de la reforma en Oaxaca, por ejemplo, porque los maestros no están de acuerdo en que se evalúe su desempeño, seguramente a sabiendas de lo paupérrimo de éste, y el Estado, mientras tanto, se cruza de brazos y trata de negociar con los maestros, quienes cometiendo delitos como la alteración del orden público, la privación ilegal de la libertad, lesiones y robos, daños en propiedad ajena, entre otras cosas, exigen que la reforma no se aplique y las cosas sigan como han estado hasta ahora (Oaxaca es uno de los Estados con peor calidad de educación en México y el que más ha influido en la mala fama de los normalistas, probablemente).

El régimen peñista ha sido el protagonista de una política demagógica y casada con el diálogo, aun en detrimento de sectores sociales importantes. Entre la eterna búsqueda del diálogo y el aparente miedo constante del gobierno ante la reacción social, las leyes se han convertido en simples sugerencias que cada quien toma si lo quiere y como quiere. Es así que la situación en Oaxaca estuvo liderada por personas deplorables que ostentan sus plazas de formas bastante desagradables; hasta podría parecer que si un maestro de Coahuila, por ejemplo, no aprueba sus evaluaciones, podrá ser separado de las aulas, pero no podrá procederse igual con un maestro de Oaxaca, simple y sencillamente porque éste no ha querido someterse a la evaluación.

La educación en México no mejorará porque exista una ley, porque es imposible que una ley que no cuenta con los mecanismos ideales para lograr los propósitos por los cuales fue creada, pueda acabar con años y años de pésimo nivel educativo, y porque aún hay lugares como Oaxaca donde la ley no puede aplicarse porque el sindicato de maestros no quiere y el Estado se somete a sus caprichos, aunque con ello se esté afectando a la mayoría.

Aspectos olvidados.

Es claro que faltan muchas cosas por definir en un escenario realmente complejo por su propia naturaleza y por los vicios en que se ha visto envuelto por mucho tiempo, pero la reforma fue abruptamente atacada con una perspectiva muy limitada, abordando de ella puntos importantes, mas no únicos.

Hubo poco diálogo, por ejemplo, en lo concerniente a las escuelas como punto central del sistema, cuyas reformas relacionadas proponen un necesario aligeramiento de la carga burocrática que ha entorpecido los avances pedagógicos en los institutos, cosa que ya desde hace tiempo debería haber empezado a considerarse.

Incluso, a pesar de que la evaluación del magisterio fue muy mencionada, no fue percibida globalmente con respecto de la reforma estructural en su totalidad, terminando por traducirse en una victimización excesiva y ridícula de ciertos grupos de maestros por la absurda razón de no querer presentar un examen. El desarrollo profesional en la reforma murió bajo esa sombra en la crítica general y el olvido acabó por consumir completamente a los concursos de oposición que constituyen una base, digna de consideración, para la corrección de mecanismos corruptos de ingreso al servicio, por medio de la regularización del proceso en un esquema más justo y mejor definido.

Se daba por sentado que la evaluación era el centro de la reforma, incluso limitando a la misma a sus meros resultados, cuando la misma ley prevé el uso de tales resultados para la implementación de acciones posteriores que sí pretendan una intervención más directa para el aumento en la calidad educativa.

Los tintes sociales resaltan en la ley los males percibidos y le pintan unos cuantos que jamás se han escrito. Los protestantes jamás tomaron en cuenta, por ejemplo, el proteccionismo laboral de la reforma, pues ningún maestro que haya estado en servicio con anterioridad a la reforma podrá ser despedido, independientemente de los resultados de sus evaluaciones de desempeño. Así, muchos se quejaban de los próximos despidos, que no existirían.

Por otra parte, se contemplaron estrategias para el fortalecimiento de la equidad y la inclusión con precisiones adicionales a la ley para una mejor definición del alcance del principio de gratuidad de la educación pública, estableciendo la prohibición legal del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo. Estos alcances no estaban considerados antes en las disposiciones legales y se registraban quejas en aumento sobre cobros de contraprestaciones obligatorias en escuelas públicas, cosa que tampoco generó muchos comentarios.

Esta prohibición es expresa para inscripción, acceso a la escuela, aplicación de evaluaciones o exámenes, entrega de documentación a educandos y, en general, cuando se afecte en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos. Las donaciones o cuotas voluntarias de los padres de familia ahora están permitidas sólo bajo mecanismos de regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia.

Como parte del fortalecimiento de la equidad y la inclusión, la reforma también trajo consigo el impulso a ciertos programas en apoyo a las comunidades en condiciones más vulnerables para abrir un mayor acceso a la educación:

  • Escuelas Dignas, Programa de Rehabilitación y Mantenimiento Escolar. Promueve el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno en el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel a largo plazo, dando prioridad a los que presenten mayor rezago y hasta que se les otorgue la certificación de Escuela Digna por gobierno.
  • Escuela de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo. Procura la calidad en la enseñanza y el aprendizaje dentro de las escuelas públicas, sobre todo las más desfavorecidas.
  • Escuelas de Tiempo Completo. Ofrece la ampliación del horario en las escuelas con los alumnos más necesitados de refuerzo educativo para otorgarles más oportunidades para aprender.
  • Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Busca el abatimiento de la inequidad en el acceso a tecnologías de información y comunicación para alumnos de quinto y sexto año de primaria.
  • Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Fortalece las capacidades escolares y servicios educativos para la atención a la niñez indígena, migrante o con necesidades especiales, priorizando alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, así como a telesecundarias, escuelas unitarias y multigrado.

Además de estos programas se establecieron esquemas para el suministro de alimentos nutritivos en las escuelas, de acuerdo a índices de pobreza, marginación y condiciones alimentarias. Esto dentro del marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que fue la primera política social masiva implementada en el sexenio peñista y presentada también a inicios del 2013 en Chiapas. La Cruzada contribuyó también a un intento de legitimación del nuevo gobierno priísta, pero terminó envolviéndose en escándalos sobre su utilización con fines electorales, que después llevaría a la destitución de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

Todos estos programas terminaron por ahogarse en la desconfianza y la incredulidad del grueso de la población en sus gobernantes, que si bien lleva una inclinación muy acentuada hacia el sector priísta, éste es sólo el líder de toda la horda de partidos que no parecen ofrecer nada distinto en un sistema político que se encuentra muy lejos de ser depurado, con procesos electorales que pueden compararse fácilmente con berrinches y conflictos infantiles, y obedeciendo a un deseo de poder sobre los otros y no para los otros.

Como parte de la reforma, también es imperativo tomar en cuenta la revisión del modelo educativo, contemplado en el doceavo artículo de la Ley General de Educación, iniciando el debido proceso en el primer semestre del 2014 con la realización de foros de consulta regionales. En julio del 2016, se presentó el replanteamiento del modelo a través de la composición de tres documentos:

Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI. Exposición breve y clara del perfil del estudiante egresado de la educación obligatoria.

Modelo educativo. Explicación del modelo derivado de la reforma educativa en cinco grandes ejes.

Propuesta curricular para la educación obligatoria. Planteamiento curricular para la educación básica y media superior.

Tales documentos fueron analizados y discutidos durante la segunda mitad del 2016 y las aportaciones generadas fueron sistematizadas por el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Aunque el modelo, a decir verdad, parece más una simple reformulación de la reforma educativa, con un aspecto, a primera vista, de un simple recurso para enfatizar lo que ya se había presentado o un refuerzo para los argumentos ya expuestos.

Habrá que ver cómo se desarrolla su supuesta implementación, que comenzará a partir del año 2018, y que cubrirá en una primera fase a la educación preescolar y al primero y segundo años de primaria, para seguir con el resto de los grados de primaria entre el 2019 y el 2020, de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría de Educación Pública. Sobre todo, sería interesante observar los resultados en materia de autonomía curricular que pretende ampliarse para las escuelas, con un 80% (de las asignaturas y el tiempo escolar) representado por el currículo nacional obligatorio y el 20% restante definido por cada escuela de acuerdo a sus propias necesidades.

Si bien todavía hay muchos aspectos susceptibles de ser corregidos o revisados en un sistema educativo que lleva muchos años arrastrando problemas graves, la reforma constitucional en la materia representa al menos el inicio de un proceso que, aunque es evidente que no resuelve inmediatamente lo urgente, sí abre el camino para un mejoramiento o fortalecimiento del sector, y claro que no será corto.

Todo ello por medio de reformas necesarias a la Ley General de Educación y con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, creando un marco institucional tal vez aún insuficiente, pero sí mejorado conparado con sus antecedentes; un marco jurídico en beneficio del magisterio y las escuelas para el posterior beneficio del alumno, y considerando factores importantes que intervienen en el proceso educativo, como la infraestructura, el equipamiento, el financiamiento y la participación de los padres de familia.

El problema o el obstáculo más grande sería, tal vez, el factor humano involucrado en el mismo sistema educativo, entendiendo con esto: a las autoridades en la materia, en cuanto a la aplicación de los lineamientos establecidos; a los padres de familia, en cuanto a la atención y el involucramiento en la educación de sus hijos; a los maestros, en cuanto al verdadero entendimiento de los preceptos y el compromiso con las funciones a su cargo; y a los alumnos, en cuanto a la disposición y la iniciativa por un mejor aprendizaje y la adquisición constante de conocimiento.

Los grandes errores de los grandes sistemas sociales son casi siempre producto de un mal manejo por parte de sus miembros (humanos) y no precisamente por sus características estructurales. La ley, por naturaleza, no busca en ningún momento el perjuicio de ningún sector de la población, pero sí puede llevar a resultados dañinos si su aplicación no se hace de la forma correcta o simplemente no se hace.

Todavía hace falta más tiempo para determinar realmente los resultados (avances o retrocesos) en la educación mexicana, dependiendo de cómo se lleve a cabo la aplicación, pero la reforma sí constituye un paso para el desarrollo y el cumplimiento del artículo tercero constitucional, uno de los más importantes del sistema jurídico mexicano.

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