Gobiernos Neopopulistas: Echeverría y Portillo.

En 1970, llega a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, y con él se abre una época muy diferente en la historia reciente de México, la etapa del populismo mexicano. Su arribo se realiza en medio de dos circunstancias desfavorables: la economía no va por buen camino y el gobierno es ya visto como una entidad autoritaria que requiere ser democratizada.

El presidente necesita hacer cosas urgentes que le lleven a justificar a la autoridad y se opta por corregir la situación económica para dar legitimidad al sistema político. Es decir, ante los reclamos que se hacen a un gobierno no democrático, con partido de Estado y elecciones muy cuestionables, los gobernantes de ese tiempo reaccionan pensando que si remedian los problemas económicos a los ciudadanos no les importaría seguir bajo ese gobierno autoritario.

El déficit público al inicio de esta etapa del populismo era de 2.5% del producto interno bruto en 1971 y creció hasta ser el 14% en 1982. Esta es una cifra importante, el déficit del gobierno se elevó casi seis veces y esto refleja la mentalidad de esa época: creer que el gasto gubernamental puede detonar progreso económico.

Uno de los rasgos principales de los gobiernos populistas es el de tener grandes niveles de gasto gubernamental, ya sea logrando muchos préstamos internos o externos, o incluso imprimiendo dinero. Los gobiernos, durante estos años, tuvieron grandes programas de inversiones públicas, casi todas emprendidas con gran urgencia y prioridad.

Es natural que esta prisa rompiera la disciplina del presupuesto gubernamental. Tal era la urgencia de invertir que muchos proyectos no fueron apropiadamente estudiados y resultaron ser fracasos.

Esta época fue testigo de la impresión intencional de dinero para mantener el nivel de gasto oficial. Cuando se imprime dinero de más, lo que se produce es inflación; la que era de 2.6% en 1972, al inicio de este periodo, después creció exorbitantemente.

La inversión privada durante el periodo fue descendiendo. Durante el sexenio del presidente Echeverría, mucho de ese descenso se debió a la gran tensión que se dio entre el gobierno y los empresarios, en mucho ocasionada por el giro político hacia la izquierda que el gobierno había dado.

Este es otro de los rasgos del populismo, el enfrentar y producir animosidades entre sectores de la población. Echeverría claramente se colocó en contra de los empresarios del país, y ello produjo una situación poco propicia para realizar inversiones.

La segunda mitad de esta época, por su parte, tuvo un gran crecimiento económico: el gobierno de López Portillo tuvo los resultados inmediatos que ocasiona un gran gasto gubernamental. De 1977 a 1981, la economía creció casi a un 8% anual.

Esta situación fue lograda por la expansión del gasto público, muy en especial por las inversiones petroleras que incentivaron a las inversiones privadas. La demanda interna de México creció significativamente; las exportaciones de petróleo, con precios más elevados, llenaban de divisas al país.

Hacia mediados de 1981, el petróleo inicia un descenso en el precio, una eventualidad que el gobierno no había previsto. La respuesta del gobierno ante esta reducción del precio del petróleo fue incrementar la intensidad del gasto público y contratar más deuda externa, lo que terminó por empeorar el problema.

Parece haber poca duda en el sentido de que la época del populismo dejó a México con una herencia enorme de deuda y también el haber perdido la inercia del crecimiento que era necesaria para procurar empleo a una población joven creciente. Debido a ello, las presidencias de Echeverría y López Portillo son recordadas con disgusto, pues éstas produjeron crisis severas y una mayor molestia con el sistema político mexicano.

Política neopopulista.

En México, el sistema autoritario prevaleciente desde 1929, que tenía como fundamento a la actividad estatal, creó condiciones para la industrialización del país. Éste vivió prácticamente una era de crecimiento sin igual en su historia moderna hasta fines de la década de los sesenta.

El problema se dio cuando este sistema político autoritario fijó metas de transformación económica que en realidad reforzaban las viejas estructuras económicas, sin generar verdaderos sectores modernos que pudieran arrastrar a la economía hacia nuevas fases de desarrollo y crecimiento económico.

En el caso de México, tenemos, pues, la constitución histórica de un sistema autoritario que funcionó en términos de eficiencia económica entre 1929 y 1970, pero que fue disfuncional a partir de las nuevas necesidades generadas por los cambios de la economía mundial y los retos que ello implicaba para la economía mexicana.

En la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970), pero especialmente en la de Luis Echeverría (1970 – 1976), el papel rector del Estado Mexicano se enlaza directamente al fortalecimiento de su papel económico. El desarrollo, se decía, no podía ser abandonado a la acción espontánea de las fuerzas privadas de la producción, sino que el Estado debía ser su principal impulsor y la única entidad capaz de armonizar los diferentes intereses de la comunidad.

Es interesante subrayar el hecho de que se pensaba que el desarrollo de México debía sustentarse fundamentalmente en recursos propios. Los créditos externos sólo desempeñarían un papel complementario en relación con la formación nacional de capital.

La presidencia de Echeverría estuvo encaminada a rescatar y fortalecer la base de apoyo del Estado, después de la represión estudiantil del sexenio anterior. Se inicia de hecho no sólo una intervención más abierta y directa del Estado, sino un intento de reorientación del modelo de desarrollo hacia el exterior. Se proyectó modernizar la industria, aumentar la productividad y lograr la competitividad internacional incorporando tecnología moderna.

En especial, se debe anotar el hecho de que se reconoce que un plan modernizador, con el Estado como guía, requería nuevos preceptos; plasmarse en un nuevo discurso desarrollista en el que el antídoto contra la crisis consistía en el crecimiento del propio Estado. Se trataba de reordenar al régimen mixto constitucional, dándole funcionalidad al papel económico rector del Estado a través de la inversión pública como la fuerza clave para dirigir el crecimiento.

En la cruzada echeverrista, la nueva fuerza del Estado debería encaminarse a combatir décadas de crecimiento, que habían postergado las demandas populares. Combatir la falsa ideología basada en puros indicadores económicos y no sociales.

Echeverría es, en este sentido, el moderno burócrata, que intenta poner al día el papel del Estado dentro de los cambios mundiales y en lo referente a la necesidad de adecuarlo a las nuevas condiciones sociales. Se trata de reintegrar al México real dentro de los marcos de lo que debe ser un Estado moderno que fomente el desarrollo social.

En esta presidencia toma forma lo que podría denominarse un neopopulismo, es decir, un fortalecimiento del Estado para iniciar una nueva etapa de desarrollo cuyos objetivos serían atenuar las diferencias sociales crecientes en el país, heredadas del mandato anterior.

>>> Antecedentes.

Cuando la administración de López Mateos tomó el mando en 1958, la inversión pública tuvo un nuevo impulso, pero entonces surgieron otros problemas, producto del agotamiento de la etapa fácil de industrialización y de contradicciones entre el gobierno y el sector privado. La causa de esto último fue la diferencia entre la presidencia y algunos círculos empresariales a raíz del impacto provocado por las reverberaciones de la revolución cubana en México y por el activismo de algunos sectores obreros. Para neutralizar las presiones que venían de la izquierda, el gobierno de López Mateos decidió reafirmar públicamente la naturaleza progresista del régimen y evitar que le rebasaran las corrientes radicales. Estos proyectos reformistas llevaron a ciertos círculos de empresarios nacionales a disminuir su ritmo de inversión y a retirar del país parte de sus capitales. [1]

El resultado fue que, en 1963, el aumento del PIB resultó tan leve que apenas si se mantuvo por encima del crecimiento de la población. El Estado se vio forzado a aumentar sus inversiones sin aumentar los impuestos, a fin de compensar los efectos negativos. En 1961 el gasto público tuvo que financiar el 50.5% de la inversión total y en 1962 el 55%, proporciones muy por encima de sus recursos. Para lograr esos niveles de gasto fue necesario que el gobierno recurriera con mayor intensidad a préstamos del extranjero, públicos y privados.

En 1944, un decreto presidencial ya había dado al gobierno facultades para exigir, a cualquier empresa, cuando menos el 51% de participación nacional para poder operar en México (abrogado en 1993).

López Mateos intentó también otras medidas de corte nacionalista. En 1960 se expidió una ley minera, según la cual se darían nuevas concesiones a empresas de capital nacional o con mayoría del mismo. Como la importancia de esta actividad había disminuido, sus efectos no fueron espectaculares. Más dramática resultó la adquisición por parte del gobierno de los intereses extranjeros en la producción y distribución de energía eléctrica.

Hacía varias décadas que el gobierno y las empresas eléctricas extranjeras, norteamericanas y canadienses, se encontraban en pugna debido a una sistemática renuencia oficial a autorizar los aumentos en las tarifas solicitadas por las empresas y la consiguiente negativa de éstas a invertir en la expansión de la red eléctrica. Como resultado de este impasse, había surgido la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la cual el Estado fue reemplazando poco a poco la inversión externa hasta que, finalmente, toda la producción eléctrica mexicana quedó directamente bajo control estatal, uniéndose así a la actividad petrolera y ferroviaria como espina dorsal de un desarrollo futuro que se supone sería nacional, en el mejor sentido del término.

Dado que el tipo de industrialización seguido por México exigía la producción de bienes de consumo similares a los que se ofrecían en el mercado mundial, la inversión extranjera directa resultaba indispensable e insustituible. Era por esa vía que México tenía que adquirir la tecnología y los recursos financieros para producir los bienes demandados. A pesar del debate que entonces se tuvo, sobre si debía de aceptar o no la influencia que estaba adquiriendo la inversión externa en sectores estratégicos del sistema económico, el gobierno de López Mateos apenas quiso o pudo poner cortapisas en algunos sectores industriales primarios, dejándole mano libre en otros. [2]

Gobierno de Luis Echeverría.

En 1973, ya bajo la presidencia de Luis Echeverría, con la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (abrogada en 1993), aumentaría la capacidad y voluntad de la burocracia estatal para decidir las condiciones y sectores en los que podría estar presente el capital extranjero y en qué proporción, al menos en teoría. La concepción entonces prevaleciente catalogaba a la inversión extranjera directa como una especie de mal necesario: no se podía prescindir de ella, pero se debería controlar para evitar daños tanto a la capacidad empresarial nativa como a la balanza de pagos y, finalmente, a la soberanía nacional.

Aunque el grueso de la actividad económica del México posrevolucionario correspondía al sector privado, la clase política se propuso y logró hacer de la inversión pública el motor y director del proceso, preservando así su poder de negociación frente al capital nacional e internacional.

La fuerza política del sector público frente al privado provenía en buena medida de los contratos para grandes obras del Estado y de imponer al empresario medidas fiscales, controles de precios, permisos de importación, todos con una gran discrecionalidad -y corrupción- por parte de la burocracia. Pero, por otra parte, el sector público también continuó expandiendo su papel como productor directo y prestador de servicios. Estos organismos paraestatales se multiplicaron en los años cincuenta y sesenta hasta sobrepasar los cuatrocientos, y la tendencia era seguir aumentando: para mediados de los años ochenta la cifra era de 1155. Las once empresas más grandes del país pertenecían al Estado; algunas de ellas eran verdaderos emporios, como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México o los ferrocarriles. [3]

>>> Regulación de las paraestatales.

El sexenio del presidente Echeverría comenzó, por lo que al sector paraestatal se refiere, con la emisión de una nueva Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1970. En realidad, sólo reformaba algunos artículos de la Ley de 1966, y adicionaba dos capítulos con dos y tres artículos respectivamente.

Esta ley, parcialmente en vigor hasta 1986, conservó la distribución de facultades que preveía la de 1966, por lo que se refiere a las secretarías de la presidencia en cuanto al control de las inversiones; la de Hacienda y Crédito Público, relativa al control de presupuesto, y la del Patrimonio Nacional, por lo que hace a la vigilancia y control de las operaciones.

Como novedad importante, con respecto a las empresas de participación estatal minoritaria, se facultaba a la Secretaría del Patrimonio Nacional para designar un comisario que realizara las tareas de vigilancia.

Continuaron, sin embargo, exceptuadas de este control e inscripción en el registro (de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos del gobierno federal), las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, así como las instituciones docentes y culturales. Así mismo, siguieron sin establecerse requisitos previos para la constitución de las empresas de participación estatal o de los fideicomisos.

Otra novedad era que, para los efectos de su transformación, fusión, disolución o liquidación, se requería, salvo algunas excepciones, que la Secretaría del Patrimonio Nacional sometiese la autorización de dichas decisiones al Presidente de la República, oyendo el parecer de las dependencias del Ejecutivo, cuyas funciones tuvieran relación con el objeto o fines del organismo o empresa de que se tratara.

Adicionalmente, y como parte del proceso de incorporación de las empresas paraestatales al texto de la Constitución Federal, el 31 de enero de 1974 se publicó la adición de un segundo párrafo al artículo 93, para establecer, de acuerdo a las últimas reformas, que:

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Por otra parte, el 6 de febrero de 1975 se publicaron reformas al artículo 27 constitucional (algunas ya vueltas a reformar), a fin de nacionalizar los minerales radiactivos, como el petróleo y los combustibles nucleares:

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

Entre las nuevas entidades que se crearon durante la administración del presidente Echeverría, que se caracterizó también por la expansión acelerada del sector paraestatal, absorbiéndose varias empresas privadas con problemas financieros para salvar las fuentes de trabajo, se encuentran: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Comisión Nacional de la Industria Azucarera e Instituto Nacional de Comercio Exterior (1970); Consejo Nacional de Fomento Educativo y Productos Pesqueros Mexicanos (1971); Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado y Comisión Nacional del Cacao (1973); Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (1974); Consejo para Promover la Cultura y Recreación de los Trabajadores (1975) e Instituto Nacional de Ciencias Penales (1976).

En general, el control que ejercía el gobierno federal era excesivo y poco efectivo. De hecho, era contrario al margen de autonomía que debe caracterizar al sector paraestatal, y por ello su mera existencia implicaba la revocación del régimen de descentralización. Cabría entonces preguntarse qué objeto tuvo la creación de tales entes si al final de cuentas se les iba a conculcar con una legislación inoperante.

En realidad, el sistema normativo del sector paraestatal mexicano daba la impresión de ser el resultado de sobreponer sucesivos sistemas que no fueron satisfactorios; también se manifestaba una voluntad de poner en práctica ideas preconcebidas producto de experiencias burocráticas del sector centralizado, y sobre todo se hacía evidente el afán continuo y renovado de ejercer una autoridad omnímoda y centralizadora, que recelaba de todo lo que pareciera autonomía, delegación de responsabilidades e independencia de criterios. Parecía que se tratase de aplicar al sector paraestatal el bagaje de controles propios de la administración desconcentrada.

Con las reservas anteriores puede afirmarse que fue importante lo que se logró avanzar en materia de regularización de entidades paraestatales, pero era necesario realizar un mayor esfuerzo de sistematización conceptual que permitiera regularlas con criterio unitario, a partir de una legislación constitucional que se refiriera a su creación y funcionamiento de manera explícita e integral, que sirviera de base para su incorporación a una Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto se logró hasta las administraciones de José López Portillo y Miguel de la Madrid.

>>> Fin del Sexenio Echeverrista.

Hasta 1972 la economía mexicana se caracterizó por un crecimiento muy moderado de la inflación (menos del 5% anual), por una baja tasa impositiva y por otra igualmente baja deuda externa, pero ese gran marco estabilizador empezó a cambiar como resultado del surgimiento de fuerzas inflacionarias en el mercado mundial.

La introducción de la inflación externa en México fue acompañada por una política de avance en la presencia del Estado en la producción, aumentos salariales a los sindicatos y un intento, en 1975, por aumentar las tasas impositivas a los grupos de ingresos altos, lo que colocó al gobierno del presidente Echeverría en choque directo con el sector privado.

El resultado fue una fuga de capitales, un aumento notable del déficit en el intercambio con el exterior, un aumento de la deuda externa y una devaluación del 40% en septiembre de 1976, la primera desde 1954. Con esta devaluación el llamado “milagro económico mexicano” llegó a su fin.

Gobierno de José López Portillo.

En diciembre de 1976, en medio de grandes dudas en torno al futuro, asumió el mando político del país el antiguo Secretario de Hacienda, José López Portillo, que de inmediato intentó hacer frente al problema con dos grandes palancas. Por un lado, el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el sur del país, en un momento en que los precios mundiales del combustible iban en aumento (el precio del barril pasó de 14.30 dólares en 1979 a 33.60 dólares en 1981), le permitió al gobierno acudir a los mercados mundiales de capital y contratar préstamos sin precedentes históricos: la deuda mexicana pública y privada pasó de 20 mil millones de dólares en 1972 a casi 90 mil millones en 1982, con un costo en su servicio ese año de 15 mil ochocientos millones de dólares.

Desafortunadamente, para 1982, aunque México se había vuelto de nuevo un gran exportador de petróleo, los precios del combustible habían caído como resultado del ahorro de combustible en los países centrales y de rupturas en la alianza de países productores de petróleo. El gobierno de López Portillo se vio obligado a suspender momentáneamente sus pagos sobre la deuda externa. Se abrió entonces la posibilidad de que México entrara en franca moratoria (la última vez que eso había ocurrido fue en 1914) y únicamente el auxilio norteamericano y de las instituciones financieras internacionales, condicionando a una fuerte política de austeridad y ortodoxia, impidió que esa posibilidad se materializara.

La otra palanca empleada por la visión neokeynesiana de la economía que dominó en la administración de López Portillo fue precisamente el uso del gasto público para inducir la expansión del mercado interno. Con base en el petróleo, y antes de que la crisis de 1976 retornara con mayor fuerza en 1982, López Portillo expandió vigorosamente el papel económico del Estado.

Las empresas paraestatales, que eran 760 al final del gobierno de Echeverría, en 1982 superaron sin dificultad la marca de las mil; entre ellas se encontró, ni más ni menos que todo el sistema bancario, al que se nacionalizó en 1982 como una respuesta política desesperada a la crisis económica de ese año, pues la presidencia acusó a los banqueros de haber sido el instrumento para producir la fuga masiva de dólares que finalmente había echado por tierra la promesa central de López Portillo: “Con el petróleo, el problema al que se enfrentará México será el de administrar la abundancia.

En septiembre de 1982, la participación del Estado en la economía, a través de las empresas públicas, alcanzó su punto más elevado. El universo de esas empresas aportaba el 15% del PIB y ocupaba el 5% de la población económicamente activa, aunque sólo PEMEX aportaba el 10% del PIB.

Esto desmentía palmariamente la campaña permanente y sistemática que la burguesía sostuvo, en los sexenios aquí tratados, en la que acusaba al gobierno de intervenir en la vida económica e impedir el libre juego de las fuerzas productivas, lo que, en manos de ella, supuestamente llevaría a los mexicanos por rumbos de desarrollo que satisficieran no sólo sus necesidades más elementales, sino también sus inclinaciones hedonistas. En este contexto, la burguesía sostenía que la nación había perdido la confianza en el equipo gobernante.

Sin embargo, para 1982 la economía estaba de nuevo paralizada, pero sin una sola salida fácil, como había sido en 1977 la exportación del petróleo. De nuevo se tuvo que recurrir a la devaluación, y la confianza, tanto de los inversionistas como del público en general, entonces sí se evaporó. El peso se dejó flotar y sufrió una devaluación de 153% en 1982 y otra de 141% en 1983.

>>> Regulación de las Paraestatales.

Por primera vez, el 29 de diciembre de 1976, se publicó en el Diario Oficial la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aun cuando resulta justificado sostener que con la expedición de la referida Ley Orgánica inicia una nueva etapa, es necesario advertir que la regulación unitaria y sistemática de las entidades paraestatales tuvo todavía un carácter incipiente.

En realidad, requirió también de posteriores leyes y reformas constitucionales y legales, varias aprobadas entre 1982 y 1983, para proporcionar un tratamiento normativo más sistemático, racional, uniforme y congruente al sector, propiciando junto con la política económica promovida a partir de esos años, una auténtica reforma del Estado.

El artículo primero de esta Ley Orgánica señala que este ordenamiento “establece las bases de la organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal”, advirtiendo en forma coincidente con el artículo tercero de la misma que la administración pública paraestatal está compuesta por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Como se aprecia, en esta Ley Orgánica no se mantienen ya las excepciones que preveía la Ley para el Control de 1970 (misma que no se abrogó sino hasta 1986 con la expedición de la Ley Federal de Entidades Paraestatales).

El título tercero de esa Ley Orgánica se denominaba “De la Administración Pública Paraestatal” y su capítulo único contenía diversos artículos que constituyeron “las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación”, tal y como lo determina el actual artículo 90 de la Constitución.

Una de las reformas más importantes que introdujo la Ley Orgánica de 1976 radica en haber facultado al Presidente de la República para agrupar diversas entidades paraestatales por sectores específicos, a efecto de que sus operaciones con el Ejecutivo Federal se realizaran a través de la Secretaría o Departamento Administrativo que en cada caso se designara como coordinador de sector.

Además de otras reformas constitucionales y legales que se refieren a los controles de las entidades paraestatales a cargo del Congreso de la Unión, es pertinente insistir en la reforma del artículo 90 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril de 1981, a través de la cual se estableció que la administración pública federal es centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual se encarga de distribuir los negocios del orden administrativo de la Federación y definir bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. [4]

Los años setenta son determinantes con lo que respecta a la expansión del Estado en actividades económicas, sobre todo porque se profundiza su crecimiento “no planeado”. Participa en la producción de un alto número de bienes y servicios, a consecuencia de la creación de empresas y organismos, pero, principalmente, por la absorción de compañías del sector privado con problemas financieros y de eficiencia.

>>> Fin del Sexenio de López Portillo.

Buena porción del crecimiento durante el periodo de López Portillo fue ficticio porque la mayoría de las industrias paraestatales produjeron a costos desmesuradamente altos, que las obligaba a operar en números rojos y a no ser competitivas ni siquiera en el mercado interno, a no ser porque el erario público cubría sus pérdidas a través de generosos subsidios.

Los préstamos poco responsables, sumados a la falta de visión y a una corrupción galopante en el gobierno federal, terminaron no sólo por reducir a cero los beneficios del petróleo, sino por multiplicar la deuda externa, devaluando en más de 400% el valor de la moneda nacional.

Repercusiones económicas.

En los años setenta, en los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, llega a su fin el desarrollo estabilizador. Aunque las tasas del crecimiento económico del periodo anterior se mantienen a lo largo de la década, esta vez el crecimiento de la economía es artificialmente sostenido por enormes niveles de endeudamiento público y por la expansión sin precedentes de la producción y exportación mexicana de petróleo.

Es al calor de esos años cuando la pobreza experimenta disminuciones importantes. Sin embargo, los avances son artificiales, porque las políticas mismas que permitieron el abatimiento de la pobreza en los setenta, serán en parte causantes de la larga crisis macroeconómica de los ochentas, y el consecuente aumento de la pobreza misma.

Según datos de 1968, a principios de los años setenta, 56.6% de los mexicanos se encontraba en situación de pobreza. Entre 1970 y 1977 la pobreza total cae cuatro puntos porcentuales y de 1977 a 1984 lo hace en veinticuatro. Aunque durante el sexenio de Echeverría la pobreza continúa disminuyendo, como había sucedido en los años del desarrollo estabilizador, es durante los años del auge petrolero (entre 1977 y 1982) cuando se verifica su caída más grande y acelerada en el siglo XX mexicano. Fundamentalmente, se trata de una disminución de la pobreza extrema, pues mientras la moderada experimentó un descenso porcentual de seis puntos entre 1970 y 1977, aquélla retrocedió veintidós en el mismo periodo.

El porcentaje de población analfabeta bajó al mismo ritmo de años anteriores y pasó de 23.8% en 1970 a 17% en 1980. El riesgo de morir al nacer se disminuyó de uno de cada quince niños a uno de cada veintiséis.

La caída de la pobreza total se explica por las elevadas tasas de crecimiento de la economía en estos años, por los subsidios generalizados en el agro y las urbes y por los efectos positivos de uno de los programas más ambiciosos de combate a la pobreza, introducido durante el sexenio de López Portillo: la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR).

Si bien, el gasto público se manejó de manera dispendiosa y los subsidios generalizados y financiados por los petrodólares tuvieron un sesgo marcadamente urbano y clientelar, la población más pobre en las ciudades y en el campo alcanzó a beneficiarse del auge petrolero. Aunque, como ya se dijo, esta mejoría resultó ser ilusoria.

En 1982, tras una década de indisciplina fiscal y de un endeudamiento excesivo del gobierno federal con la comunidad financiera internacional, la economía mexicana entró en una profunda crisis inflacionaria y en sus cuentas con el exterior. La administración de Miguel de la Madrid la enfrentó inicialmente con disposiciones pasajeras, pero a partir de 1985 se tomaron medidas más radicales para estabilizar la economía e iniciar la transformación estructural, que permitiera el paso de una economía cerrada y con una fuerte participación del gobierno a otra abierta y de mercado.

Tanto la enfermedad (la crisis del populismo) como la medicina (la estabilización y la reforma estructural) resultaron tener efectos negativos en la evolución de la pobreza. En materia de desarrollo social, a los años ochenta se les conoce en México como la década perdida.

Tras una caída espectacular de unos 28 puntos porcentuales en los años setenta, a partir de 1984 la pobreza deja de caer por primera vez en el siglo XX y sufre un aumento de seis puntos porcentuales entre 1984 y 1989. Si bien el aumento afectó por igual a pobres moderados y extremos, fue la población rural la que absorbió la mayor parte. Y, en términos regionales, los estados más afectados fueron los del sur y el sureste del país. Los factores que más contribuyeron a este aumento de la pobreza fueron la inflación, el estancamiento de la economía y la paulatina eliminación de muchos subsidios, en particular los concedidos al agro, sin que se hubieran diseñado programas específicos de combate a la pobreza que ayudaran a las poblaciones más vulnerables a resistir los costos sociales de la estabilización. [5]

Semejanzas de gobierno.

Ambos sexenios se caracterizaron por un incremento excesivo del gasto público que provocó que los egresos excedieran a los ingresos, por lo cual hubo de financiarse con deuda interna, deuda externa e impresión de billetes.

Deciden acelerar indiscriminadamente la supuesta nacionalización de empresas de todos tipos, las cuales fueron adquiridas y expropiadas utilizando fondos públicos. Al ser mal administradas generaron gigantescas pérdidas y un mayor déficit presupuestal.

Aumentó el circulante, o sea, el dinero en efectivo que circulaba en todo el país, lo que generó alto poder de compra y el consecuente incremento de demanda de productos en el mercado y, por la misma razón, incremento en los precios (ley de oferta y demanda). Este aumento de precios inicia un ciclo inflacionario, la gente comienza a perder valor adquisitivo y el gobierno, para remediarlo, aumenta los salarios, iniciándose así un espiral inflacionario sin control.

La justicia social no se da y el injusto reparto de la riqueza amplía más su brecha, los ricos son más ricos y los pobres aun más pobres. Los ricos se benefician por el aumento generalizado en las tasas de interés que el gobierno se ve obligado a implementar para evitar la fuga de capitales o por el conocimiento de información privilegiada que les permite cambiar su dinero a dólares, antes de que se dé una devaluación brusca de la moneda.

Diferencias de gobierno.

Echeverría se mostraba en franca oposición a los empresarios, su gobierno se caracterizó por querer controlarlo todo. Cuando López Portillo asumió el poder, trató de reconciliarse con este grupo y estableció una mejor comunicación.

López Portillo intentó planificar un plan de acción que resolviera los problemas económicos que aquejaban el país. En el sexenio de Echeverría la planificación no existió y, con la actitud que tomó en contra de los empresarios, sucedió una fuga masiva de capitales. López Portillo logró que muchos de esos capitales regresaran al país.

Con el gobierno de López Portillo nació la primera Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Echeverría estableció la Ley de Control, que fue el primer paso para regular las empresas paraestatales, pero que aún contenía muchas fallas.

Durante el sexenio echeverrista, el gobierno compró numerosas empresas privadas con problemas económicos, para salvar los empleos. López Portillo fue más allá al nacionalizar la banca mexicana, pues los hacía responsables de la fuga masiva de capitales.

Historia de algunas paraestatales.

  • Comisión Federal de Electricidad.

La CFE es una empresa paraestatal encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano. Fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el Gobierno Federal.

Antes de su fundación, el suministro eléctrico era proporcionado por tres compañías privadas: The Mexican Light and Power Company, en el centro; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte; y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente de México.

Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales sólo siete millones contaban con suministro eléctrico, que era proporcionado con serias dificultades, por lo que las interrupciones de electricidad eran constantes y las tarifas muy elevadas. Además, las empresas encargadas del suministro no permitían el desarrollo del país, porque únicamente se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, dejando a un lado a las poblaciones rurales.

Por ello, se creó la Comisión Federal de Electricidad, teniendo como objeto un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de electricidad, basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro y con un costo mínimo en beneficio de los intereses generales. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos concluye la nacionalización de la industria eléctrica y se establece en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación del servicio público.

  • Petróleos Mexicanos.

Es una empresa pública paraestatal mexicana creada en 1938, que cuenta con un régimen constitucional para la explotación de los recursos energéticos (propiamente petróleo y gas natural) en territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero. Esta empresa actúa bajo la supervisión de un consejo de administración, cuyo presidente es el Secretario de Energía.

En 1937, tras una serie de eventos que deterioraron la relación entre trabajadores y empresas, estalla una huelga en contra de las compañías petroleras extranjeras que paraliza al país. La Junta de Conciliación falla a favor de los trabajadores y la Suprema Corte de Justicia les niega un amparo a las empresas extranjeras ratificando el laudo emitido por la Junta.

Como las empresas se negaron a acatar el fallo judicial, la tarde del 18 de marzo de 1938 el presidente de la república, Lázaro Cárdenas, decreta la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras a favor de la nación. El 7 de junio de ese año se crea Petróleos Mexicanos.

  • Minas de Cananea.

Cananea es un municipio y ciudad minera localizada al noreste del Estado de Sonora, México. Con compañías mineras tales como Mexicana de Cananea, Minería María y otras, Cananea constituye el centro minero más importante del país.

En 1899, se formaría la primera Compañía Minera de Cananea, bajo la propiedad del licenciado Hilario Santiago Gabilondo. En ese entonces la compañía estaría formada por las minas Juárez, Que Esperanzas, La Quintera, Elenita y Alfredeña.

Sería hasta el 30 de septiembre del mismo año que Cananea empieza a explotar todo su potencial como uno de los centros mineros más importantes del mundo, ya que en esta fecha William Cornell Greene funda y constituye la empresa The Cananea Consolidated Copper Company, S. A., empresa que catapultaría al éxito minero de la entidad, con la extracción y el tratamiento del cobre.

Quizá el acontecimiento más importante que ha marcado la historia de este municipio, y de México entero, fue la Huelga de Cananea, acto que se llevó a cabo en el año de 1906 cuando un grupo de trabajadores de la Cananea Consolidated Copper Company, en demanda de mejores e iguales salarios (los trabajadores norteamericanos ganaban más que los mexicanos en igualdad de circunstancias) y jornadas de trabajo más justas, se alzarían en contra de los entonces dueños extranjeros de la compañía minera.

Tal fue su impacto que es considerada la huelga más grande registrada en el mineral, y el inicio de la Revolución Mexicana (algunos llaman a Cananea la “cuna de la revolución”). Esta huelga terminó en fuertes enfrentamientos entre trabajadores de ambas nacionalidades.

En 1971 se nacionaliza la Compañía Minera de Cananea, S. A. de C. V., The Anaconda Copper Mining Company vende sus acciones. Esto se produce debido a que la Ley Minera expedida en 1961 obligaba a empresas extranjeras a nacionalizarse mexicanas antes de 1986.

  • Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

El CONACULTA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública desde 1988. Se enfoca a la promoción, apoyo y patrocinio de eventos que propicien el arte y la cultura en la nación. El consejo estimula, promueve e incluso coordina varios eventos culturales del país en su desarrollo, además de apoyar instituciones culturales por todo México.

En 1921, se fundó la Secretaría de Educación Pública, que fue la responsable de velar tanto por la educación como por la cultura de México. Asimismo, en 1939 y 1946, respectivamente, se fundaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, ambas instituciones descentralizadas de la SEP que constituyeron los primeros intentos para crear un organismo estatal dedicado a atender las cuestiones culturales.

Sin embargo, debido a la riqueza histórica y cultural del país era necesario contar con una sola entidad que se dedicara exclusivamente al desarrollo y el fomento del arte y la cultura. Los fundamentos para tomar esta decisión se encuentran en el artículo 17 y en el artículo 38 en sus fracciones II, VII, IX, XIII, XXVIII, XXIX y XXX Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de México.

Es así que, el 7 de diciembre de 1988, el gobierno de la República Mexicana publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde declaró la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta orden declara al mismo como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, autorizándole la coordinación de todas las unidades administrativas e instituciones públicas cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes.

  • Aeroméxico.

Es la aerolínea más grande de México y la única de América Latina con vuelos directos a Asia Oriental. Tiene como base el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En conjunto con su subsidiaria Aeroméxico Connect posee una flota de más de cien aeronaves.

Aeronaves de México fue fundada en 1934 por Antonio Díaz Lombardo. La escasez de aviones, refacciones y motores provocada por la Segunda Guerra Mundial, obligó a Antonio Díaz a buscar un socio en el medio aeronáutico: el 30 de abril de 1941 vendió a Pan American World Airways el 25% de sus acciones. En 1955 la empresa tenía oficinas en 21 ciudades del país y dos en los Estados Unidos. Su flota estaba formada por quince aviones y pronto se incorporarían cuatro Convair.

En 1957 accionistas mexicanos recuperaron las acciones en poder de Pan Am. Dos años después, el gobierno federal adquirió por decreto todas las acciones y bienes de Aeronaves de México.

Aeroméxico pasó por un proceso de desincorporación paraestatal. El gobierno mexicano, su anterior dueño, puso en venta el 90% de las acciones del consorcio. Después del largo proceso en el que compitieron Grupo Saba, Grupo Posadas (Mexicana de Aviación) y Banamex, Aeroméxico fue transferida a la iniciativa privada el día 17 de octubre de 2007. Su nuevo dueño es un grupo de varios empresarios mexicanos liderados por Banamex, el cual pagó 249.1 millones de dólares. Banamex es un subsidio del grupo Citibank.

  • Teléfonos de México.

Es una empresa mexicana de telecomunicaciones que ofrece una variada gama de productos y servicios de este tipo. Fue fundada en 1947, cuando el entonces presidente mexicano, Miguel Alemán Valdés, fusionó a las empresas Ericsson en México y a la International Telephone and Telegraph Company, formando una empresa del Estado mexicano, la cual se convirtió en la única proveedora de servicios telefónicos del país.

En 1990 el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, decidió comenzar un proceso de privatización. Se presentaron varios grupos de inversionistas formados por empresas nacionales e internacionales, resultando ganador el consorcio creado por Carlos Slim, France Télécom y SBC Communications, entre otros pequeños inversionistas. Este consorcio se apoderó del 53% y al ser el accionista mayoritario compró un restante, dejando al fundador con el 31% de las acciones.

Después de su privatización, TELMEX comenzó con un plan de inversión en nueva tecnología, fibra óptica y cobertura total del país; se restablece el cobro en casetas de telefonía pública que permaneció gratuita por años después del terremoto, mediante la sustitución de las antiguas casetas de marcación de disco de GTE Corporation por las digitales de tarjetas electrónicas individuales.

  • Altos Hornos de México.

AHMSA es una planta de siderurgia integrada ubicada en México. Tiene oficinas corporativas en Monclova, Coahuila, en la región centro del Estado a 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Teódulo Flores Calderón dona los terrenos para que, posteriormente, Harold R. Pape fundara Altos Hornos de México en el año de 1942 en Monclova, por su cercanía con la frontera, con las minas de fierro ubicadas en el mismo Estado y en Chihuahua, así como con las minas de carbón en la región carbonífera de Coahuila.

Entre 1944 y 1948 la producción pasó de 40 000 a 100 000 toneladas de acero líquido por año. En 1960 la fundidora aumenta su capacidad a dos millones de toneladas de acero líquido por año, consolidándose así como la empresa más grande del ramo en América Latina.

A lo largo de la década de los setentas y después de varias expansiones, la empresa logra la producción de 3.75 millones de toneladas anuales. Siendo una empresa de respeto en la economía nacional, en la década de los ochentas es expropiada por el gobierno federal. Es a partir de entonces que cae en varias crisis, hasta que en 1991 se privatiza y es adquirida por GAN (Grupo Acerero del Norte), quien la lleva a otra crisis económica que en 1999 la hace declararse en suspensión de pagos. En 2005 la empresa empieza un repunte impresionante y amenaza con ser nuevamente una acerera gigante.

  • Diesel Nacional.

DINA es una empresa totalmente mexicana que brinda soluciones de transporte, fabricando vehículos con tecnología de vanguardia.

A mediados de 1951 fue creada como una sociedad mixta de participación mayoritaria estatal e inversión de capital privado mexicano e italiano, aportado por la compañía Fiat. Bajo la licencia y asesoría técnica de Fiat, se construyó el complejo industrial automotor de Ciudad Sahagún, en el Estado de Hidalgo.

Al iniciarse los años cincuenta, el mercado mexicano disponía de camiones producidos en México por la marca Dina, con motores Fiat, y en 1952 nace la red de distribuidores Dina en la Ciudad de México, Monterrey y Puebla. Diez años después, DINA fabrica autobuses foráneos con tecnología flexible. Así mismo, inicia la comercialización de los primeros tractocamiones quinta rueda modelo Diamond T. Posteriormente, en 1963, empieza la producción del camión D500 con cabina Loadstar de International.

Hacia 1972 la capacidad instalada de producción de DINA se amplía a 25 mil unidades anuales, siendo la empresa camionera más importante de México y América Latina. La ventaja de ser la única empresa fabricante de camiones medianos y pesados en territorio nacional la privilegiaba en un mercado cerrado, además de tener el reconocimiento de la marca. Pero también enfrentó la problemática surgida de una mala administración provocada por un aparato burocrático e ineficiente que gastaba más de lo que ganaba.

A finales de la década de los ochentas, dentro del gobierno salinista, se decidió vender la empresa automotriz. Una vez privatizada los buenos resultados llegaron de inmediato, cobijados por un interesante inicio de sexenio de Ernesto Zedillo.

Necesidad de vender a las paraestatales.

En el caso de México, la administración pública ha jugado dos papeles antiéticos, pues hasta determinada etapa fue una impulsora del desarrollo vía el capitalismo, pasada la cual, y habida cuenta del cambio de condiciones internas y externas, se convirtió en un obstáculo.

De entrada podemos decir que, a partir de 1982, una combinación de factores hizo que el gobierno cambiara las reglas del juego. Entre los factores internos podemos señalar el agotamiento del modelo de desarrollo, que gracias al Estado había sido posible tanto en el campo como en la ciudad. Su intervención directa en la economía, así como en las medidas indirectas que tomó, tenían el único fin de procurar el fortalecimiento del hasta entonces débil capitalismo.

En forma indirecta, por ejemplo, se legisló para que la industria en el país estuviera a buen resguardo de la competencia externa a fin de desarrollarse sin obstáculos; en forma directa, el Estado intervino en la economía a través de la creación de empresas públicas con diversas formas de organización jurídica; su objetivo era ir creando empresas que proporcionaran los insumos y servicios que demandaba la planta productiva en manos privadas.

Una de las primeras empresas públicas que crearon los gobiernos posrevolucionarios fue el Banco de México, lo que hizo posible que una sola institución fuera la encargada de la emisión y control del circulante, terminando así con una de las desventajas que significa el que hubiera más de una concesión para la creación de moneda y papel moneda. Esto permitió que las transacciones comerciales se desarrollaran sin los problemas de la búsqueda de la paridad entre los distintos medios de pago.

El Estado fue un firme impulsor del desarrollo, porque la burguesía era incapaz de desplegar sus potencialidades si no contaba con el apoyo decidido del aparato público en sus dos sectores: el central y el paraestatal. En un periodo de tiempo relativamente corto, si se compara con otras naciones como la misma Inglaterra y con Francia, el país logró un crecimiento económico que también hizo posible, por sus efectos en cascada, que el nivel de los mexicanos se elevara.

Por supuesto, no todas las regiones del país se desarrollaron igual, las hubo de elevada tasa de crecimiento, pero también aquellas que se mantuvieron casi como si no hubiera habido un proceso revolucionario, sobre todo en lo que se refiere a las regiones del sur, donde siguieron escasos cambios a la explotación y depredación de los recursos naturales y humanos. En las condiciones del país y en sus inmensas riquezas descansó este modelo de crecimiento hacia dentro.

En una primera etapa, los recursos públicos, con que se hizo posible este apoyo decidido del Estado, provinieron de las ventas al exterior de productos mineros y agropecuarios: “Desde 1883 hasta 1940, la balanza comercial del país había sido positiva, con exportaciones que no eran de la capital sino del campo, minas y pozos petroleros[6].

Así, los gobiernos, tanto en el Porfiriato como en los posrevolucionarios que le sucedieron y hasta en el gobierno de Lázaro Cárdenas, contaron con recursos para impulsar la economía. No en balde se crearon las empresas más importantes en la década de los treintas, como son en primer lugar PEMEX, la CFE y Ferrocarriles Nacionales de México. Energía y transporte barato son dos recursos que permitieron a las empresas privadas realizar importantes economías externas.

No sólo se atendieron las demandas del empresario privado, en un determinado momento se crearon empresas productoras de bienes y servicios para los asalariados, que se ofrecieron también a precios subsidiados, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Compañía Exportadora e Importadora, S. A., antecesora de la posterior Compañía Nacional de Subsistemas Populares (CONASUPO), que desaparecería en 1999.

En sentido estricto, el subsidio al trabajo representó un subsidio indirecto al capital, ya que de este modo se mantenían bajos los precios de los bienes que consumía el trabajador y, por lo tanto, los aumentos salariales eran contenidos en márgenes que permitían acrecentar la riqueza en manos privadas.

Empero, los recursos públicos empezaron a menguar. Desde 1941, empezaron los años negativos, y desde 1958 hasta 1981 todos lo fueron, a pesar de que la exportación de petróleo aumentó 570 veces en dólares. Aun así el Estado siguió impulsando las actividades económicas.

Durante los años comprendidos entre 1939 y 1960, el sector público financió más de las tres cuartas partes de sus programas de inversión con sus propios ahorros, esto es, con el ingreso gubernamental neto, deducidos los gastos de cuenta corriente, y el superávit de las empresas y organismos estatales descentralizados.

En un principio, el préstamo interno cubrió gran parte del déficit, pero durante la década de 1950 el gobierno mexicano empezó a acudir cada vez más a los préstamos extranjeros. La salida hubiera sido realizar reformas fiscales para que México pudiera tener un crecimiento más elevado, lo que hubiera significado gravar más el capital.

Sin embargo, parece que los responsables de la política gubernamental, considerando que en ese momento era imposible lograr un crecimiento con estabilidad de precios, temieron que el aumento de los impuestos tan solo serviría para contrarrestar todos los otros incentivos a la inversión. Por tanto no se elevaron los impuestos y, hasta 1955, los precios continuaron aumentando en 10 por ciento como promedio anual. Las mejores pruebas estadísticas de que se dispone sugieren que durante el periodo de 1940–1950 los salarios reales descendieron, tanto en las actividades agrícolas como en las no agrícolas, mientras que el ingreso real de los empresarios se elevó rápidamente. [7]

Así, una vez que el capital se fue consolidando, los recursos públicos fueron disminuyendo y ante la posibilidad de la reforma fiscal que gravara las cuantiosas ganancias privadas que se generaban, el Estado recurrió cada vez en mayor medida a la concertación de deuda pública interna y sobre todo externa, como un medio que le permitiera seguir sosteniendo el gasto corriente y el de inversión.

Vale la pena recordar aquí que ningún aparato de gobierno, dentro del sistema capitalista, puede por sí solo decidir el monto de los recursos excedentes que va a utilizar para atender las demandas sociales, es el capital en su conjunto el que determina, en forma directa o indirecta, el monto del excedente que la administración pública puede gastar.

En el caso de México, esta fue una lucha que se ventilaba abiertamente sobre todo en los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pues se hacían reclamos por parte de los representantes de los capitalistas para reducir la presencia del Estado en la economía. Se sostenía que el Estado era un pésimo administrador y como prueba de ello se esgrimía que sus empresas públicas tenían números rojos.

Por supuesto que las empresas privadas se beneficiaban cuando adquirían bienes o servicios del Estado y no reparaban en los precios que pagaban por abajo de los costos; justamente las empresas públicas tenían tales estados financieros por la política seguida en la fijación de los precios y tarifas, donde no se tomaba en cuenta la situación económica de las entidades del sector paraestatal. Eran consideraciones de carácter político las que imperaban en la toma de decisiones de esta naturaleza.

Si bien, públicamente las discusiones entre el sector privado y el sector público se hicieron cada vez más enconadas, lo que mostraba la extrema tirantez y el nivel que alcanzaron, el Estado en los sexenios citados se negó tácticamente a imponer una reforma fiscal que gravara no sólo los ingresos de las empresas, sino las fortunas de los dueños de las mismas.

Curiosamente, los empresarios mantenían a sus empresas en situación financiera precaria, pero sus fortunas personales claramente las separaban y las hacían ajenas a sus instituciones, de donde las habían obtenido. Incluso, López Portillo se quejaba de la incongruencia que existía y consideraba inadmisible que hubiera empresarios ricos dueños de empresas pobres.

Para solucionar el problema de la falta de recursos públicos, es a partir de Luis Echeverría que se inicia un proceso desquiciante en cuanto a las formas y mecanismos mediante los cuales ese gobierno y el siguiente enfrentan los problemas de liquidez pública; recurren a dos mecanismos muy socorridos: emitir moneda y solicitar empréstitos externos. Se eleva, con la emisión de moneda sin el correspondiente aumento en la producción de bienes y servicios, la cantidad del circulante; con empréstitos se incrementa notablemente el endeudamiento con organismos internacionales y con la banca privada extranjera y nacional.

Ambas medidas traen consecuencias graves, pues los problemas del financiamiento que tiene el Estado en cuanto a la deuda pública, en la mitad de los setentas, proporcionaba un flujo neto ligeramente en aumento, mientras succionaba cantidades crecientes de divisas para el pago del servicio de la deuda. El financiamiento interno, en el mismo periodo, otorgaba un flujo neto decreciente en términos reales, a pesar de los incrementos en el encaje legal. Así, para solucionar un problema se crea otro que quizá es más grave, el problema de la deuda pública, sobre todo la externa.

Se puede decir entonces que, con los regímenes de Luis Echeverría y José López Portillo, la administración se convirtió en un obstáculo al proceso de acumulación. En el gobierno de este último urgían ya cambios drásticos, se necesitaba que la economía se integrase ya abiertamente al proceso de globalización que a nivel mundial se estaba dando. No obstante, el presidente López Portillo, aparentando que se había desarrollado una discusión y análisis de la conveniencia o no de integrar a México al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas Aduanales (GATT) en el seno de su administración, decidió “aceptar” la sugerencia de sus ministros: no incorporar a México a tal acuerdo.

Los cambios que se requerían entonces tenían que ver básicamente con la intervención del Estado en la economía. Era necesario, en cuanto a la política financiera, que se redujera el déficit fiscal; en este aspecto ya se empezaron a dar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Se requería también que el Estado tomara una serie de medidas que redujeran su participación en la economía, y elementalmente se trataba de que el gobierno vendiera, liquidara, transfiriera o cancelara sus empresas públicas.

En cuanto a la política sobre el control de precios, era menester que el Estado dejara de tratar de modificar el comportamiento del mercado interno; esto es, que los precios se fijaran siguiendo las leyes económicas de la oferta y la demanda. En fin, de lo que se trataba es que se diera un cambio en la política económica que hasta entonces se venía desarrollando. Incluso en los países líderes, como Estados Unidos e Inglaterra, se seguía ya un replanteamiento del Estado.

De esta manera el mundo asistía a la imposición de una política conocida como neoliberal, que se sustentaba en una premisa sencilla, pero muy efectiva: dejar que las fuerzas del mercado regulen el desarrollo de la economía. El Estado debía entonces ser sólo un aparato que garantizara no entorpecer la marcha de estos nuevos pasos que daba la economía. Su papel ahora era luchar por que nada interfiriera las bondades que se desprendían del laissez faire, laissez passer.

Empresas paraestatales actualmente.

Ahora, las disposiciones encargadas de regular a las empresas paraestatales están contenidas en dos ordenamientos jurídicos: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En el primero de ellos, según su artículo 45, se establece que, dentro de la administración pública paraestatal, serán considerados como organismos descentralizados “las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”.

Así mismo, de acuerdo al artículo 46 del mismo ordenamiento, se consideran empresas de participación estatal mayoritaria a las instituciones nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, y las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, siempre y cuando se satisfaga alguno o varios de los siguientes requisitos:

A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social;

B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal;

C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno.

La Ley Federal de Entidades Paraestatales, reglamentaria del artículo 90 constitucional, establece cuáles serán las reglas a seguir en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento y administración de dichas entidades.

Dentro del ranking de las “500 empresas más importantes de México”, por Expansión, se encuentran veinte paraestatales aproximadamente. Las paraestatales sumaron ventas por 1 billón 514 598.9 millones de pesos, lo que representa el 18.2% de la facturación total del listado en el 2010. Sólo PEMEX, que sigue ostentando hasta hoy el primer lugar, aporta alrededor del 10% de las ventas anuales de las empresas ahí consideradas, con ventas anuales de 1 079 545.7, presentadas en el listado de este 2017. No obstante, las compañías con capital público, en general, presentan reducciones porcentuales con respecto de años anteriores; incluso PEMEX, aun con las ventas ya mencionadas, presenta un 7.4% a la baja.

El empleo tiene un comportamiento muy distinto entre empresas estatales y privadas. La caída de las ventas de las empresas públicas tiene un efecto inverso en el empleo: las paraestatales tienden a no recortar personal, sino a sumar plazas, incrementando sus plantillas. Las empresas privadas, por su parte, han observado caídas porcentuales en su número total de empleados.

Conclusiones.

El populismo ha sido interpretado como una experiencia política que, al vincularse con prácticas autoritarias y paternalistas, ha obstaculizado el desarrollo y la consolidación de los sistemas democráticos.

El populismo de los años setentas estuvo caracterizado fundamentalmente por una expansión excesiva del gasto público, utilizado para asegurar el control político a través de medidas asistencialistas. Asimismo, con estas medidas populistas, se buscó reconstruir la legitimidad perdida después de los sucesos de 1968.

Frente a la crisis derivada del movimiento estudiantil de aquel año, el primer objetivo del presidente Echeverría fue el restablecimiento de la autoridad suprema del Poder Ejecutivo, y para alcanzarlo recurrió al populismo. Su sucesor, López Portillo, siguió la misma política.

Como ya se ha señalado, uno de los rasgos fundamentales del populismo es el gasto excesivo del Estado y su intervención en el ámbito empresarial, pero gastar sin tener fondos suficientes no resultó ser sano para la economía del país. México tuvo que recurrir a impresión de dinero y préstamos del extranjero. Como es de suponerse, los préstamos traían consigo la obligación de pagar altas sumas a cuenta de intereses y eso lo fue sumiendo en una crisis que dura hasta nuestros días.

Echeverría y López Portillo, en su afán de controlarlo todo, adquirieron numerosas empresas con el erario público, pero el Estado resultó ser pésimo administrador y casi todas las paraestatales funcionaban con números rojos. Para que pudieran seguir en funciones el Estado otorgaba numerosos subsidios, sin poderlas rescatar de su mediocridad.

El fracaso de estos dos gobiernos fue evidente: el peso perdió valor frente al dólar, aumentó la pobreza, aumentó la corrupción, aumentó en mucho la deuda externa, etcétera. Los posteriores gobiernos tuvieron que vender algunas de las paraestatales con la esperanza de recuperar la economía perdida. Eso no fue suficiente, y el mal manejo de la Administración Pública en esos dos sexenios es uno de los antecedentes más significativos de la mala economía del país.

 



[1]
Bernal, Ignacio, et al., Historia General de México.

Editado por El Colegio de México (versión 2000), pp. 890 y 891.

[2] Vázquez, Josefina Zoraida, et al., Gran Historia de México Ilustrada (Tomo V).
Editado por Planeta DeAgostini, CONACULTA, INAH (septiembre 2009), pp. 360 y 361.

[3] Sánchez Córdova, Humberto, et al., Historia de México.
Editado por Pearson, pp. 254.

[4] Lombardo Aburto, Horacio & Orozco Henríquez, J. Jesús.
Crisis y Futuro de la Empresa Pública (Capítulo III).
Editado por Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), México, 1994.

[5] Vázquez, Josefina Zoraida, et al., op. cit., pp. 365 y 366.

[6] Calderón Ortiz, Gilberto. (Gestión y Estrategia).
La Crisis en México y la Actitud de la Administración Pública.

[7] Ibidem.

 



VÉANSE TAMBIÉN…

  • Sánchez Córdova, Humberto, et al.,
    Historia de México.
    Ed. Pearson Educación,
    3ª ed., México, 2010, p. 320. 
  • Bernal, Ignacio, et al.,
    Historia General de México.
    Ed. El Colegio de México,
    11ª reimpr., México, 2009, p. 1103.
  • Vázquez, Josefina Zoraida, et al.,
    Gran Historia de México Ilustrada,
    Tomo V: El siglo XX mexicano hasta nuestros días.
    Ed. Planeta DeAgostini – CONACULTA – INAH,
    8ª reimpr., México 2009, p. 520.
  • López Villafañe, Victor,
    La Transición de México a Fin de Siglo.
    Revista de Humanidades (ITESM),
    nº 2, México, 1997, pp. 175 – 190.
  • García Gaspar, Eduardo,
    Populismo Mexicano.
    ContraPeso.info (Sección Política),
    8 de mayo de 2005.
  • Zorrilla Salgador, Juan Pablo,
    La Historia Económica de México,
    14 de mayo del 2004.
  • Calderón Ortiz, Gilberto. (Gestión y Estrategia).
    Privatización de la Banca en México,
    diciembre de 1991.
  • Barrios, Luis Enrique,
    La Eterna Historia de las Crisis Económicas en México,
    febrero del 2009.

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