Suprema Corte de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.

Sus orígenes.

La historia de este máximo tribunal constitucional mexicano y cabeza del Poder Judicial de la Federación, está organizada de acuerdo a los diversos periodos de la historia mexicana.

La Suprema Corte de Justicia, como tal, fue establecida en el proyecto constitucional centralista conocido como Las Siete Leyes, y se rige actualmente por principios y disposiciones contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte entró en funciones en conjunto con el proyecto de ley que la designó, en marzo de 1825.

El primer supremo tribunal de justicia que intentó tener México como nación independiente fue el que organizó José María Morelos en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814. Este tribunal trabajó en 1815 en varias ciudades de la Nueva España, siendo instaladas en Ario, Michoacán. Tres de los presidentes de este tribunal fueron José María Sánchez de Arriola, Antonio de Castro y José María Ponce de León.

Antes de consumarse la independencia, en septiembre de 1821, regía la constitución liberal de Cadiz de 1812; las audiencias territoriales de Nueva España y Nueva Galicia continuaron trabajando con varios magistrados de origen mexicano, como José Flores Alatorre, José María Rosas y Manuel de la Peña y Peña.

Sin lugar a dudas, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana es el primer documento del México independiente en el que aparece por primera vez la instauración de un supremo tribunal de justicia, antecesor del actual, y si bien el citado decreto careció de real vigencia, no por ello deja de ser históricamente un importante antecedente en el establecimiento de la justicia nacional.

En el artículo 44 del citado decreto, se estableció que la soberanía del pueblo correspondía al Supremo Congreso Mexicano, y que además se crearían dos corporaciones, una con el título de Supremo Gobierno y otra con el de Supremo Tribunal de Justicia. Posteriormente, menciona que este último se integraría por cinco individuos, los que en su número podrían aumentarse por deliberación del Congreso según lo requirieran las circunstancias (artículo 181); que la corporación de individuos que la compusieren sería renovada cada tres años de la forma siguiente: en el primero y en el segundo saldrían dos individuos, y en el tercero saldría uno, todos por medio de sorteo realizado por el Supremo Congreso (artículo 183); que tendría dos fiscales letrados, uno para lo civil y el otro para lo criminal (artículo 184); que tendría dicho tribunal el tratamiento de Alteza, el de Excelencia para los que lo compusieran como titulares durante el periodo de la comisión, y el de Señoría para los fiscales y secretarios durante su ejercicio.

Sin embargo, poco fue el tiempo en que esto funcionó, pues huyendo las fuerzas realistas y siendo protegidos por Morelos, fueron alcanzados por Calleja, momento en el cual el primero protege la huida del tribunal, por lo que fue aprehendido y fusilado en San Cristóbal de Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Como consecuencia de lo anterior, se disuelve el Congreso, dando fin a esta histórica etapa de la vida de México.

El Proyecto de Acta Constitutiva de la Federación (Plan de Casa Mata), del 28 de diciembre de 1823, por primera vez usa el término de Corte Suprema de Justicia, en vez de Tribunal Supremo que utilizaba la Constitución de Cádiz. Ya establecida la Suprema Corte conforme a la Constitución Federal de octubre de 1824, varios de los magistrados que fueron electos habían sido antes oidores de las audiencias, como Juan Nepomuceno Gómez Navarrete, Juan José Flores Alatorre y Manuel de la Peña y Peña. Principió a trabajar la nueva Corte en marzo de 1825.

En el siglo XIX, la corriente conservadora prefirió la expresión Tribunal Superior de Justicia, en tanto la liberal adoptó el término de Suprema Corte de Justicia.

El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, marca el inicio de la vida jurídico-política del México independiente, dando origen a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, documento en el que ya se dispone la división de los poderes en los que se asienta y justifica el nuevo gobierno, esto es, el Poder Ejecutivo, denominado en su artículo 74 como el Supremo Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo, integrado por una Cámara de Diputados y una de Senadores, según el artículo séptimo; y el Poder Judicial, en el artículo 123.

En esta etapa es cuando surgen los partidos Liberal y Conservador, y se hablaba de una reforma a la Constitución de 1824 y de las bases para una nueva Constitución. El 2 de octubre de 1835, la comisión a la que el Congreso había encomendado las reformas constitucionales presentó un proyecto que se convirtió en las Bases para la Nueva Constitución, que dio fin al sistema federal, y también dio paso a la nueva ley fundamental, dividida en siete estatutos, por lo que se le conoce igualmente como la Constitución de las Siete Leyes, expedida finalmente el 30 de diciembre de 1836.

El quinto estatuto se refiere precisamente al Poder Judicial de la República Mexicana, disponiendo en su artículo primero:

El Poder Judicial de la República se ejercerá por una Corte Suprema de Justicia, por los tribunales superiores de los Departamentos, por los de Hacienda que establecerá la ley de la materia y por los juzgados de primera instancia.

Resulta evidente que en este ordenamiento son suprimidos los tribunales de Circuito, así como los juzgados de Distrito, lo que resultó en un retroceso para la administración de justicia, en cuanto a que se le mutilaron importantes instituciones de su quehacer.

Por otra parte, debe señalarse que en este cuerpo constitucional, se dispone en el artículo segundo del mismo quinto estatuto, que la Corte Suprema de Justicia sería integrada por once Ministros y un Fiscal.

El 23 de mayo de 1855, el gobierno general, a través de Ignacio Comonfort, entonces presidente sustituto de la República Mexicana, decretó, en uso de las facultades que le concedía el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco, el llamado Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. En la sección séptima de dicho estatuto, en los artículos 96 y 101, se dispone lo relativo al Poder Judicial General.

En 1857, el orden jurídico se enaltece con la expedición de una nueva Constitución, el 5 de febrero del mismo año. La Constitución de 1857 fue el producto de profundas disertaciones históricas, jurídicas y filosóficas, destacando intervenciones como las de los insignes diputados Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, y por supuesto la ponencia de Mariano Otero, quien pretendía restaurar la Constitución de 1824, considerándose para ello reformas a la misma, tales como la prohibición para que corporaciones religiosas adquirieran bienes inmuebles y la abolición de fueros militares y eclesiásticos.

Así, la Constitución de 1857 resulta tener un carácter liberal, pues en sus debates camarales ya detenta la semilla de los aspectos sociales, que posteriormente serán plasmados en la Constitución Política de 1917.

La dictadura de Porfirio Díaz, semilla de la no reelección, propicia la regeneración de la nación mexicana. Francisco I. Madero se coloca como figura central del movimiento.

La convención nacional independiente de los partidos aliados, Nacional Antireeleccionista y Nacional Democrático, está dando sus frutos; los hermanos Flores Magón luchan por la causa. Ya nadie aspiraba a dominar para sí, sino fundamentalmente para la libertad interna deseada por el contexto nacional. La pasión política se había exacerbado, y el 5 de febrero de 1917 surge el estandarte jurídico-político más trascendente del siglo XX, esto es, la Constitución Política de 1917, precedida por el Plan de San Luis, el de Ayala y el primer mensaje que se hiciere a la nación por el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, en 1916.

Se va conformando entonces la Constitución Política de 1917, documento que, una vez confeccionado por el constituyente, revela un gran acierto no sólo para su tiempo, sino para el devenir histórico de México, que encuentra en este mismo documento una estructura adecuada a las necesidades de la impartición de justicia.

De los preceptos constitucionales relativos al Poder Judicial de la Federación, en la carta magna de 1917, se puede desprender con nítida claridad la razón de ser y existir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ejemplo, en el artículo 94 de la original Constitución de 1917, se establece que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal. También expresa que la Suprema Corte se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas. Así mismo, establece que los Ministros durarán en su encargo quince años y no podrán ser nombrados para nuevos periodos.

El Pleno trabajó sin Salas de 1917 hasta 1928, año en el cual fueron creadas tres salas con cinco ministros cada una, designados por el Ejecutivo con aprobación del Senado: penal, administrativa y civil. En 1934 fue creada una cuarta sala, la laboral, y en 1951 apareció una quinta sala auxiliar, para el rezago. El presidente de la Corte dejó de integrar una sala. Así pues, hubo veintiséis ministros en el alto tribunal, número excesivo para la adecuada atención de los negocios, ya que pertenecían al pleno veintiuno.

En los últimos años, el trabajo del alto tribunal principió a ser más administrativo que judicial, pues los jueces y magistrados federales eran cerca de quinientos. De aquí vienen las reformas constitucionales que aparecieron en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, que sostienen que la Suprema Corte debe ser ante todo un cuerpo judicial y no administrativo, dejando la tarea de nombrar, remover y supervisar a jueces de Distrito y magistrados de Circuito al Consejo de la Judicatura Federal.

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación quedó depositado en sus órganos tradicionales: Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a la iniciativa, tiene tres fines esenciales en su tarea:

  • Velar por el equilibrio entre los poderes de la Unión y dirimir las controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo.
  • Velar por la Unión de la República, resolviendo los conflictos entre Estados, Municipios, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y la Federación.
  • Proteger a los individuos para que todo acto de autoridad esté apegado y conforme a la Constitución.

Las reformas de 1994 desearon reorganizar la integración de la Suprema Corte para facilitar sus deliberaciones, al reducir a los ministros a su tradicional número de once y permitir su renovación periódica de acuerdo con los cambios que ocurren en el país. En lugar de la inamovilidad hasta los setenta años, tendrán una duración de quince años independientemente de su edad, para poder contar con ministros de mayor experiencia, ya que aumentaba el promedio de vida de los mexicanos. Además, se diferenciaron las atribuciones judiciales de las administrativas de la Suprema Corte para facilitar y hacerlas más eficientes.

Las reformas de 1994 no cambiaron la naturaleza y funciones de la Suprema Corte, pues permanece el principio de que sea un tribunal constitucional. La idea principal es su fortalecimiento y conservar los principios esenciales del juicio de amparo.

La Suprema Corte funciona en pleno y en dos salas. De acuerdo con lo aprobado internamente por el pleno, la primera conoce de las materias penal y civil, y la segunda de los casos administrativos y laborales.

Integración y funcionamiento.

Según la primera parte del artículo 94 de la Constitución Política vigente: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.”

El Constituyente de Querétaro quiso que el tribunal supremo se integrara por once ministros y funcionara siempre en pleno o en salas. Los partidarios de que la actuación fuera siempre en pleno, a la cabeza de ellos Rabasa, presentaban como argumentos la necesidad de mantener la unidad de la jurisprudencia, que tendría que romperse por la diversidad de criterio de las distintas salas que interpretaban simultáneamente la Constitución, y la conveniencia de salvar la autoridad y el prestigio de la Corte, los que se menoscabarían si la altísima tarea de interpretar la Constitución se encomendaba a fracciones de tribunal.

Empero, frente a tales razones se impuso, como decisivo argumento, que de seguir actuando en pleno, la Corte jamás podría con el rezago cada vez mayor en el número de amparos, que ingresaban a la justicia de la Unión a través del artículo 14 constitucional. Efectivamente, si dicho proceso se entendía en el sentido de que consagraba como garantía individual únicamente el “debido proceso legal”, esto es, que nadie podía ser afectado por la autoridad sin la forma de juicio, la consecuencia era que tocaba a la Corte conocer tan sólo de la materia genuinamente constitucional, para la cual era suficiente un solo tribunal. Pero, cuando se consideró que el artículo en cuestión instituía la exacta aplicación de la ley como garantía de la persona, cualquiera violación de las leyes comunes se convirtió en violación de dicha garantía, y así penetró a la Corte, para hacer imposible su tarea, todo lo que antes debía agotarse ante la jurisdicción común.

La necesidad impuso la división en salas y el tiempo ha hecho olvidar la antigua discusión. Como cada sala, con excepción de la transitoria sala auxiliar, tiene a su cargo una materia distinta, las contradicciones entre ellas sólo pueden darse en los escasos puntos que les son comunes, y para ello, las reformas encomendaron al pleno de la Corte la resolución de las contradicciones.

La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos periodos de sesiones: el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre (artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

El pleno se compondrá de once ministros, pero bastará la presencia de siete de ellos para que pueda funcionar, con excepción de algunos casos establecidos en el artículo 105 constitucional, en que se requerirá la presencia de por lo menos ocho ministros (artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Las sesiones ordinarias de la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno se celebrarán dentro de los periodos a que alude el artículo tercero de la ley orgánica mencionada, en los días y horas que el mismo fije mediante acuerdos generales.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia podrá sesionar de manera extraordinaria, aun en los periodos de receso, a solicitud de cualquiera de sus miembros. La solicitud deberá ser presentada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que emita la convocatoria correspondiente (artículo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Las sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia serán públicas por regla general y privadas cuando así lo disponga el propio pleno.

Las resoluciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos previstos en el artículo 105 constitucional, en los que se requerirá una mayoría de ocho votos de los Ministros presentes. En los casos previstos en el penúltimo párrafo de la fracción primera de dicho artículo, las decisiones podrán ser tomadas por mayoría simple de los miembros presentes, pero para que tenga efectos generales, deberán ser aprobados por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Los ministros sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los ministros que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se desechará el proyecto y el presidente de la Suprema Corte de Justicia designará a otro ministro para que, teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Siempre que un ministro disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo (artículo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Miembros componentes.

a) Requisitos y nombramiento.
De acuerdo al artículo 95 constitucional, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

  • Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; haber residido en el país durante los dos años anteriores a la designación;

  • Poseer título profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de diez años al día de la designación, expedido por institución o autoridad legalmente facultada para hacerlo;

  • Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se trata de delito que lastima seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo independientemente de la pena;

  • No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado, durante el año previo al día del nombramiento.

Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá a una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días. Si dentro de este plazo el senado no resuelve, entonces el Presidente de la República designará al ministro, dentro de los que figuran en su terna.

Si el senado rechaza toda la terna propuesta por el presidente, éste tendrá que designar una nueva, pero si es nuevamente rechazada, entonces el presidente designará ministro a una de las personas que componen esta última terna (artículo 96 constitucional).

El sistema que actualmente rige para la designación de ministros de la Suprema Corte ha responsabilizado al Presidente de la República en lo que atañe a la idoneidad moral y jurídica de las personas que ocupen los cargos correspondientes, pues es bien sabido que el senado generalmente aprueba sin discusión alguna los nombramientos que extiende el ejecutivo federal.

Desde hace tiempo, en el foro mexicano se ha reflexionado sobre la posibilidad de variar dicho sistema, a efecto de que las asociaciones o colegios de profesionales del Derecho compartan con el presidente la responsabilidad. Se ha concebido la idea de que estas asociaciones sean las que, al ocurrir alguna vacante de un ministro en la Suprema Corte, elaboren una lista de las personas que en su concepto puedan desempeñar con dignidad, capacidad, honestidad y valor civil las importantes tareas de juzgador máximo de la nación, y que de tal lista el presidente escogiese a alguien, sometiendo el nombramiento respectivo a la aprobación del Senado.

Esta idea se apoya en la innegable circunstancia de que son los abogados, independientemente de la labor jurídica que cumplan en diversos sectores y posiciones de la vida nacional, quienes conocen con objetividad las calidades de los juristas que, por reunir las condiciones humanas, morales, civiles y culturales en el campo del Derecho, son merecedores de adquirir la investidura de ministros de la Suprema Corte.

b) Su remuneración.
El artículo 94 de la constitución política dispone que la remuneración que perciban los ministros por sus servicios no podrá ser disminuida durante su encargo.

Tena Ramírez afirma que la prohibición que involucra este artículo “tiene por objeto asegurar la independencia de los ministros, pues pudiera suceder que con la amenaza de reducir sus sueldos, los otros poderes pretendieran en un momento dado, coaccionar a los jueces federales”.

Burgoa Orihuela afirma que tal prohibición es absoluta, pues aunque la disposición constitucional transcrita la contrae a la duración del cargo, como éste es vitalicio, la disminución de los emolumentos que perciben los ministros nunca puede operar. Por esta misma razón, tampoco puede aplicarse aumento alguno en su sueldo durante el periodo funcional correspondiente.

c) Renuncias y licencias.
El cargo de Ministro de la Corte es renunciable sólo por causas graves, según lo establece el artículo 98 constitucional, sujetando la calificación de la gravedad al criterio del Presidente de la República y la posterior aprobación del senado.

En cuanto a las licencias para separarse transitoriamente del cargo de ministro, si su duración excede de un mes, las puede conceder la misma Suprema Corte; en el supuesto contrario, sólo el presidente, también con aprobación del senado. Ninguna licencia podrá exceder al término de dos años, so pena de que opere la separación definitiva del cargo.

d) Juicio político.
Los ministros de la Suprema Corte sólo pueden ser privados de sus puestos con previo juicio de responsabilidad. Fuera de esta hipótesis, tales funcionarios judiciales gozan de inamovilidad.

Sus atribuciones.

Debemos recordar que siendo la Suprema Corte un tribunal federal, su competencia debe integrarse por facultades expresas que en su favor establezca la ley fundamental. En otras palabras, cualquier tipo de controversia o cualquier caso que no se comprenda en las disposiciones constitucionales que instituyen dichas facultades, no sería de la incumbencia cognoscitiva de los tribunales federales.

Ya hemos señalado que la Suprema Corte puede funcionar en pleno o en salas, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece las atribuciones para cada uno de estos casos:

a) Funcionando en pleno.
La Suprema Corte, en estos casos, conocerá, según el artículo décimo de la mencionada ley orgánica, lo siguiente:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

  • Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

  • Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite, y

  • Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa naturaleza;

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia;

VI. De las excusas e impedimentos de los ministros, en asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno;

VII. De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de Circuito de distintos circuitos, por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito y por los Tribunales Colegiados de Circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las salas;

IX. De los conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente;

X. De los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las controversias constitucionales;

XI. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a las salas, y

XIII. De las demás que expresamente le confieran las leyes.

El pleno de la Suprema Corte velará por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y tiene las siguientes atribuciones, entre otras: Elegir a su propio presidente y conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo; conceder licencias a sus integrantes; fijar la manera como sesionará el pleno; determinar la competencia por materia de cada una de las salas y la forma como se distribuirán los asuntos que se deban conocer; remitir los asuntos a las salas; remitir los asuntos a los Tribunales Colegiados, si éstos deben resolverlos; resolver las quejas administrativas relacionadas con sus integrantes o con el personal de la Suprema Corte; conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte; determinar las adscripciones de los ministros a las salas y determinar cambios; llevar un registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos; aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Suprema Corte.

b) Funcionando en salas.
La Suprema Corte constará de dos salas, conformada por cinco ministros cada una, bastando la presencia de cuatro de ellos para funcionar. Las sesiones de las salas serán públicas y sólo podrán ser privadas cuando así lo exija la moral o el interés público.

Las resoluciones de las salas se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos; todos los ministros deben expresar su voto. Si por alguna razón no se obtiene mayoría, el presidente de la sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución. Si aún no se obtiene la mayoría, el presidente de la sala nombrará un ministro de otra sala para que emita su voto. Si el desacuerdo continúa, entonces el presidente de la sala tendrá voto de calidad. Corresponde conocer a las salas, entre otros asuntos, los siguientes:

  • De los recursos de apelación interpuestos en contra de sentencias dictadas por Jueces de Distrito;
  • De recursos de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito;
  • Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito;
  • De los recursos de reclamación contra los acuerdos de trámite dictados por su presidente;
  • De las controversias por razón de competencia que se susciten entre los tribunales federales, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, entre los de un Estado y los del Distrito Federal, entre cualquiera de éstos y los militares; aquellas que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como las que se susciten entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o las autoridades federales, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; etcétera.

Cada sala debe elegir de entre sus miembros a quien será el presidente, y éste durará en su encargo dos años, no pudiéndose reelegir en el periodo inmediato. Los presidentes de sala deberán dictar los trámites que procedan en los asuntos que competan a su sala, regular el turno de asuntos entre los ministros, dirigir el debate y conservar el orden durante las sesiones, firmar las disposiciones de la sala, despachar la correspondencia oficial, etcétera.

Defensora de la Constitución.

Si la organización que instituye la ley suprema pudiera ser violada impunemente, los preceptos constitucionales no pasarían de ser principios teóricos o mandamientos éticos. Si alguna ley debe ser cumplida y observada, de manera espontánea o por la fuerza, es la Constitución.

La violación a la Constitución debe ser prevenida o reparada. Esto quiere decir que, aparte de la manera normal de preservar la Constitución, que es observándola voluntariamente, tiene que haber en todo régimen constitucional un medio de protegerlo contra las transgresiones, ya provengan éstas de una mala interpretación de los preceptos o ya del propósito deliberado de quebrantarlos.

La defensa de la Constitución debe levantarse frente a los poderes públicos, cuyas limitaciones son el objeto de la propia Constitución; esas limitaciones de los poderes entre sí y de los poderes en relación con los individuos, sólo pueden ser saltadas e infringidas por los mismos órganos limitados. A veces las leyes secundarias se preocupan por proteger, en las relaciones de los individuos entre sí, los derechos que la Constitución consagra con el nombre de derechos humanos y garantías, convirtiendo en delito su violación, pero esta medida no se adopta para salvaguardar la Constitución, sino por estimarse que el acto de un particular violatorio de garantías en perjuicio de otro particular, engendra un malestar tal en la sociedad que merece ser sancionado como delito. La defensa típicamente constitucional es la que se erige para contener a los poderes dentro de sus órbitas respectivas.

A quién encomendar y cómo organizar dicha defensa, son cuestiones de primera importancia en toda organización constitucional y que han preocupado a los legisladores y a los teóricos desde la antigüedad.

Refiriéndonos a nuestra Constitución, debemos situar el control de la constitucionalidad que ella establece, en el sistema que encomienda dicho control al Poder Judicial Federal, con eficacia únicamente respecto del individuo que solicita la protección.

El procedimiento judicial en el que un particular demanda la protección de la justicia de la Unión contra el acto inconstitucional de esa autoridad, es lo que se llama Juicio de Amparo, la institución más suya, la más noble y un ejemplar del Derecho mexicano.

De acuerdo a la naturaleza de la cuestión que le dé origen, el amparo tendrá denominaciones específicas, procedimientos y órganos resolutores diferentes. El juicio de amparo indirecto se tramita ante los Juzgados de Distrito y procede en contra de:

  • Leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que originen perjuicios al quejoso;
  • Actos de autoridades que no sean tribunales judiciales, laborales o administrativos y que resulten violatorios de garantías;
  • Actos de tribunales judiciales, laborales o administrativos ejecutados fuera de juicio o después de concluido;
  • Actos pronunciados en un juicio que de ser ejecutados no pudieran repararse;
  • Actos ejecutados dentro o fuera de juicio, cuando afectan a terceros ajenos a ese procedimiento o caso;
  • Actos de autoridad federal que afecten la soberanía de los Estados;
  • Resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

En el caso de actos de Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyan sentencias definitivas, el amparo deberá tramitarse ante otro Tribunal Unitario de Circuito.

El juicio de amparo directo se tramita ante los Tribunales Colegiados de Circuito y procede en contra de sentencias definitivas, laudos y otras resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o laborales, que afecten la defensa del quejoso, y en contra de las cuales no exista algún otro medio de defensa con el cual puedan ser modificados o dejados sin efecto.

>>> Intervención en Juicios de Amparo.

  • Amparos directos trascendentales.

En ciertos casos, la Suprema Corte puede resolver juicios de amparo directo cuyo conocimiento corresponda originalmente a los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que la trascendencia de los problemas jurídicos planteados en tales asuntos, requiera de un pronunciamiento por parte del máximo tribunal del país. La Suprema Corte, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de este tipo de amparos. A esta atribución se le llama Facultad de Atracción.

  • Recursos.

Un recurso es un medio de impugnación que procede contra actos procesales, y que puede promover la parte que se estima agraviada, con el fin de que los referidos actos sean revisados y, en su caso, revocados, modificados o anulados. En materia de amparo, únicamente son admisibles tres recursos: de revisión, de queja y de reclamación. La Suprema Corte puede atender los tres tipos de recursos, en los siguientes casos:

Recursos de revisión en amparos indirectos, en casos especiales. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito procede el recurso de revisión. De éste conocerá la Suprema Corte cuando habiéndose impugnado leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, o bien, cuando se trate de leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o en los casos de leyes o actos de los Estados que invadan la esfera de la autoridad federal.

Recursos de revisión en amparos directos. La Suprema Corte podrá conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

Recursos de queja. La Suprema Corte es la encargada de atender los recursos de queja interpuestos contra las resoluciones que dicten los Juzgados de Distrito o los tribunales que hayan conocido del juicio, en el caso de la jurisdicción concurrente, o los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de las quejas interpuestas ante ellos, siempre que el conocimiento de las revisiones en los juicios de garantías en los que las quejas se hagan valer, le hayan correspondido a la Suprema Corte. A este recurso se le conoce también como “queja de la queja”, pues como puede verse, se trata de una queja que se promueve en contra de la resolución recaída a un recurso de queja anterior.

Recursos de reclamación. Corresponde al pleno de la Suprema Corte conocer de los recursos de reclamación interpuestos contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del propio pleno de la Suprema Corte.

  • Incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados.

Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso.

  • Otros casos.

La Suprema Corte, al igual que otros tribunales de amparo, consignarán a la autoridad responsable ante el Ministerio Público Federal cuando ésta no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo, en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

Su facultad investigatoria.

La Suprema Corte está facultada para averiguar hechos que presumiblemente constituyan graves violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales. Para llevar a cabo la averiguación, la Suprema Corte puede nombrar alguno o algunos de sus miembros, o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales.

La Corte puede efectuar estas investigaciones cuando así lo juzgue conveniente o cuando se lo soliciten el ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado.

Después de analizar el caso en particular, la Suprema Corte de Justicia emite una opinión autorizada que remite a los órganos competentes (el ejecutivo federal, las cámaras del Congreso de la Unión o el Ministerio Público, entre otros), para que en el supuesto de que existiera alguna responsabilidad, se dé inicio a la acción que corresponda.

Cabe señalar que por “violaciones graves de garantías” deben entenderse los hechos generalizados consecuentes a un “estado de cosas”, acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debieron ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad; esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que:

  • Las propias autoridades que deben de proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones.

  • Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Como se podrá deducir, no es lo mismo el juicio de amparo que la facultad investigatoria de la Suprema Corte:

Captura de pantalla 2017-12-02 a las 2.05.02 p.m.

Suprema Corte ante la ley.

Por último, la Suprema Corte de Justicia, como el más alto tribunal de la nación que es en todas sus actuaciones, incluyendo la resolución final de las contradicciones de tesis, debe tener, en su más elevada cumbre que es el pleno, un concepto de lo justo y de lo injusto, no sólo al interpretar la ley que en un momento ha aplicado el juez inferior, sino para apreciar axiológicamente la ley misma, fuera de disposiciones legales que se supone le restringen esa facultad, pero no por manifestación expresa de la Constitución o de un reglamento, sino por supuesta inexistencia de una atribución concreta que se refiera al tema.

Ello plantea un problema de la Suprema Corte en nuestro país, para actuar frente a una ley o a una serie de disposiciones legales, que en un momento dado pudieran apreciarse como injustas, ya que sus miembros, los ministros, son profesionistas avanzados en la evolución e interpretación de normas generales aplicadas, o desaplicadas, por los jueces federales y locales en sus resoluciones y sentencias. Lo irónico es que los ministros, al resolver ese reto, no tienen otro camino a seguir que el de obrar en justicia, lo cual constituye una petición en principio, ya que para resolver en justicia, lo primero que se requiere es emplear un concepto cualquiera de justicia, el cual no nos proporciona ni define ninguna forma de derecho positivo.

 

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VÉANSE…

  • Tena Ramírez, Felipe,
    Derecho Constitucional Mexicano.
    Editorial Porrúa, S.A., vigésima edición,
    México, 1995; p. 653
  • Castro, Juventino,
    La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta.
    Editorial Porrúa, S.A., cuarta edición,
    México, 2001; p. 187

  • Burgoa, Ignacio,
    Derecho Constitucional Mexicano.
    Editorial Porrúa, S.A., décimo séptima edición,
    México, 2005; p. 1094

  • Gudiño Pelayo, José de Jesús,
    Introducción al Amparo Mexicano.
    Editores Noriega, tercera edición,
    México, 2003; p. 520

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